Artículo publicado el 23/09/2008 Ultima reactualización 23/09/2008 10:26 TU

El informe asegura que 13.634 personas, fuera de combates, fueron asesinadas entre junio de 2002 y diciembre de 2007.
© Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
Una coalición de ONG presentó un severo informe sobre los derechos humanos en Colombia. El documento evoca una “agravación” de la situación durante el mandato del presidente Alvaro Uribe y acusa al Estado de continuar protegiendo a los paramilitares.
La publicación del informe coincide con el inicio de una serie de reuniones del gobierno colombiano con las instancias correspondientes de la ONU. Según el documento presentado por una coalición conformada por un centenar de ONG, “desde 2002, las violaciones a los derechos humanos son masivas y sistemáticas" y “se han agravado”. El informe fue realizado a partir de informaciones oficiales y no gubernamentales, y comprende el período entre junio de 2002 y diciembre de 2007 en el cual 13.634 personas fueron asesinadas, fuera de combates, como consecuencia de la violencia política.
El estudio sostiene que el Estado es “responsable” directa o indirectamente en 75% de los casos en los que los autores fueron identificados. El informe agrega que en seis de cada 10 casos el Estado ha “tolerado” o “apoyado” los crímenes de los paramilitares, mientras que la guerrilla está involucrada en 24,5% de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país.
Las milicias de extrema derecha, creadas hace 30 años para defender a los terratenientes de los ataques de la guerrilla, contarían todavía unos 9.000 miembros y tendrían vínculos con las fuerzas del orden, a pesar del plan de desmilitarización de más de 31.000 paramilitares.
Por otro lado, los autores del informe acusan al Gobierno de trabar las investigaciones de los jueces sobre los presuntos lazos entre políticos y paramilitares, al tiempo que más de 60 miembros del Congreso están en el blanco de la justicia en lo que se ha llamado el caso de la “parapolítica” en Colombia.
Los defensores de los derechos humanos constatan, sin embargo, que la sociedad colombiana presta oídos sordos a las críticas de las ONG debido a que los índices de inseguridad han disminuido y porque el Gobierno, que consagra 6% del PIB a gastos militares, ha “muy hábilmente, dejado ver como monstruos” a la guerrilla de las FARC. Se ha desviado así el interés del “holocausto provocado por los paramilitares”, responsables de miles de víctimas y millones de desplazados.
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