España

Garzón investigará las “desapariciones” durante la Guerra Civil española

Artículo publicado el 17/10/2008 Ultima reactualización 17/10/2008 10:07 TU

El juez español Baltasar Garzón.
Foto: Reuters

El célebre juez español Baltasar Garzón se declaró el jueves competente para investigar las “desapariciones” durante la Guerra Civil española y el franquismo (1936 – 1975). La fiscalía española se opone alegando que estos delitos “han prescrito basándose en la ley de amnistía de 1977”.

Para Baltasar Garzón el delito de “detención ilegal, sin dar razón del paradero de la víctima”, en el marco de “crímenes contra la humanidad” es un delito “permanente”, por lo que las leyes de amnistía proclamadas en España en 1977 para evitar que se investigaran ese tipo de delitos, no se aplican.

Basándose en ese argumento, Baltasar Garzón espera sacar adelante la investigación sobre las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil española y el franquismo, lo que supone el primer caso en España para el esclarecimiento de las circunstancias en las que desaparecieron al menos 114.266 personas, según la lista retenida por Garzón a partir de datos de familias.

La fiscalía española estima por el contrario que estos delitos han prescrito, basándose en esta ley de amnistía de 1977, por lo que ha anunciado que recurrirá a la decisión del juez.

Baltasar Garzón sostiene además que aunque los “crímenes contra la humanidad se tipificaron en los principios de Nuremberg de 1950, la “doctrina Martens” contenida en las Convenciones de La Haya de 1899 sobre leyes de guerra ya los mencionaba.

El juez ordenó además la creación de un grupo de expertos y de policía judicial y autorizó las exhumaciones de fosas en 19 localidades españolas “a la mayor urgencia” a cargo de los juzgados regionales y la policía. Una de las fosas es la que contiene los restos del poeta Federico García Lorca junto con el maestro de escuela Dióscoro Galindo y dos toreros anarquistas, todos ellos ejecutados en 1936 cerca de Granada (sur) a manos de antirrepublicanos.

Garzón reclamó asimismo a los registros civiles españoles los certificados de defunción de los 35 principales responsables de la época, entre ellos el general Francisco Franco.

La decisión de Garzón se produce 10 años después de que el difunto dictador chileno Augusto Pinochet fuera detenido en Londres por orden del juez español.