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Sudáfrica

La CPI bajo fuego africano

Seis nuevos jueces de la CPI prestan juramento en La Haya el 10 de marzo de 2015.
Seis nuevos jueces de la CPI prestan juramento en La Haya el 10 de marzo de 2015. © ICC-CPI

El gobierno de Pretoria anunció que abandonará la Corte Penal Internacional. Tras el retiro de Burundi, anunciado el martes pasado, la CPI se encuentra debilitada. Varios líderes africanos acusan al Tribunal de actuar de manera tendenciosa. Las grandes potencias no reconocen su jurisdicción.

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Sudáfrica decidió retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI). El ministro de Justicia sudafricano, Michael Masutha, dijo en rueda de prensa que entregó "por escrito al secretario general de la ONU su retirada". La CPI "inhibe la capacidad de Sudáfrica para honrar sus obligaciones en materia de respeto a la inmunidad diplomática", apunto. La medida será efectiva en un año. La posición del gobierno sudafricano provocó reacciones encontradas. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos consideran injustificada y preocupante la medida, en tanto que diversos observadores dijeron no estar sorprendidos con el anuncio.

Apenas 72 horas antes otro país africano, Burundi, había anunciado su retiro del tribunal internacional. "Se trata para nosotros de responder a una demanda de la población burundesa. Pero es importante hacer notar que se trata de una posición colectiva, pues la CPI no es popular en Africa y hay que tener el valor de repetirlo", dijo el ministro burundés de Asuntos Extranjeros Alain-Aymé Nyamitwe el pasado martes.

Por primera vez desde la creación de la CPI en 2002, dos de sus miembros se retiran del organismo. La decisión de Sudáfrica sorprende pues fue el primer país de Africa que ese mismo año introdujo en su derecho las infracciones que persigue la CPI, incluida notablemente la figura de "crímen por genocidio".

Desde su creación la CPI está habilitada para juzgar crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra o de agresión, así como de genocidio. La CPI ha abierto diez encuestas en nueve países, en su gran mayoría africanos, y es eso lo que sirve de argumento a sus detractores para acusarla de actuar en forma tendenciosa. La institución ha librado 29 mandatos de arresto aunque sólo ha condenado a tres personas en casi 15 años de existencia. Las limitaciones con que nació (no cuenta con una fuerza de policía propia) explican en parte ese magro resultado.

En 2009 Pretoria recibió en su territorio al presidente sudanés Omar el-Beshir, primer mandatario inculpado por genocidio por la CPI. El presidente Jacob Zuma desestimo los pedidos de la CPI y de la justicia de su país que reclamaban la detención de el-Beshir. Zuma se defendió argumentando que el presidente sudanés en razón de su cargo gozaba de inmunidad. Omar el-Beshir pudo volver a su país y sigue viajando sin mucho problema, pero entre Pretoria y la Haya (sede de la CPI) se instaló una situación de desconfianza que Pretoria decidió terminar ahora.

En septiembre de 2013 los diputados de Kenia pidieron a su país retirarse del Estatuto de Roma, que es el marco que permitió ver la luz del día a la CPI. Aunque Kenia no se retiró existe preocupación porque la decisión sudafricana pueda arrastrar a otros estados cuyos presidentes o dictadores buscan sustraerse a la acción de la justicia internacional. La CPI no puede investigar un país no miembro sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, como sucedió en Darfur (2005) o, más recientemente, en Libia, en 2011.

Estados Unidos, Israel, Rusia, China están al abrigo de la justicia de la CPI. Todos han rechazado ratificar el Tratado de Roma firmado en 1998. La CPI ha abierto exámenes preliminares en Afganistán, Colombia, gabó, Guinea, Irak, palestina, Nigeria y Ucrania.

 

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