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Colombia

Reforma de la justicia: la herencia de Uribe

El presidente colombiano Alvaro Uribe en primer plano, junto al canciller Jaime Bermúdez.
El presidente colombiano Alvaro Uribe en primer plano, junto al canciller Jaime Bermúdez. ©Reuters

Poco antes de dejar la casa de Gobierno colombiana, el Presidente Álvaro Uribe envió un polémico proyecto de ley al Congreso que, entre otras cosas, faculta al mandatario elegir al fiscal general de la Nación. Además, la reforma hará posible que los altos cargos estatales, incluido el presidente, sean investigados por un súper tribunal, integrado por nueve ternas, una de ellas propuesta por el mismísimo presidente colombiano.

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La reforma de la justicia fue un tema recurrente durante la campaña presidencial de Álvaro Uribe. Pero luego de varios intentos fallidos, luego de que un par de proyectos de reforma no pasaran los debates en el Congreso, el tema parecía archivado.

Sorprendiendo a toda Colombia, y a menos de diez días de salir de Casa de Nariño para ser reemplazado por Juan Manuel Santos, el actual mandatario Álvaro Uribe despachó, a través de su ministro del Interior Fabio Valencia Cossio, un proyecto de reforma que supone un cambio radical en la justicia de ese país sudamericano.

¿En qué consiste la reforma? Uno de sus puntos más controvertidos es el hecho de convertir a la Fiscalía nacional en un órgano del Ejecutivo, contemplando la posibilidad de que sea el mismo presidente de la República quien nombre al fiscal general. El Gobierno de Álvaro Uribe explica este cambio como una manera de restablecer los contrapesos, ya que es el fiscal quien delinea la política criminal del Estado y por lo tanto ahí esta la razón de que forme parte del Ejecutivo y no sea una rama judicial independiente como hasta ahora.

Para el ex fiscal colombiano, Alfonso Valdivieso, existen en Colombia “razones obvias para continuar con una fiscalía totalmente autónoma y no dependiente del presidente de la República”. En la actualidad el fiscal se nombra de forma mixta y ha sido el retraso en llegar a un acuerdo para elegir el reemplazante de ex fiscal, Mario Iguarán, una de las razones invocadas por el Gobierno de Uribe para proponer la elección directa del fiscal.

Un tribunal con superpoderes

Otro punto del proyecto que ha levantado suspicacia en Colombia es la creación de la Unidad de Investigación y Acusación de altos cargos públicos que gocen de fuero. En este tribunal también tendría injerencia el presidente de la República ya que podría presentar tres de las nueve ternas de las que se elegirían a los nueve “agentes acusadores” que ocuparán el cargo durante cuatro años.

La Unidad de Investigación podrá investigar y acusar ante la Corte Suprema de Justicia a altos cargos como al presidente de la República, a los magistrados de la Corte Suprema, al procurador general de la Nación, al controlador de la República, por nombrar algunos altos cargos. La interrogante es cómo este órgano logrará mantener su independencia a la hora de llevar acusaciones en contra de organismos que allanaron su elección. Esto especialmente en el caso del presidente de la República, quien es actualmente investigado por la Fiscalía en un caso de acusación. Como si fuera poco, la creación de esta Unidad le restaría todas las facultades penales a la Comisión de la Cámara de Representantes colombiana.

Sin embargo está por verse si esta reforma constitucional podrá ser finalmente aprobada. Tan sólo quedan diez días que Álvaro Uribe deje el poder y su ministro del Interior debe lograr consensos y pasar al menos ocho debates en la cámara legislativa para su aprobación. A pesar de esto, Uribe parece confiar en poder llevar a cabo esta reforma express, porque como lo dijo el abogado del ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ramiro Bejarano, a RFI “varias son las cosas que Uribe está haciendo para asegurarse un retiro tranquilo como ex presidente”.
 

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