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PERÚ

Alan García vuelve a apostar por las ‘bondades’ del patíbulo

El presidente peruano, Alan Garcia.
El presidente peruano, Alan Garcia. ©Reuters/Tim Chong

“Estamos dispuestos a cortarle la cabeza a 50 violadores”, dijo el presidente de Perú, recogiendo el guante de la propuesta de los fujimoristas para aplicar la pena capital. Una serie de crímenes cruentos han reabierto la posibilidad de aplicar esta medida, a pesar de que los tratados internacionales suscritos por el país lo prohíben.

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El presidente peruano, Alan García, vuelve a remover el avispero de la pena de muerte en el país. Se mostró más contundente que nunca: “Estamos dispuestos a cortarle la cabeza a 50 violadores”, dijo en una comparecencia ante la prensa.

Es una vieja aspiración de García, que ya llevaba en su programa electoral de las elecciones de 2006 su deseo de poner los pies sobre el patíbulo a los presos con delitos graves a sus espaldas.

Ésta parecía una promesa dormida, pero una serie de crímenes especialmente cruentos ha creado el clima propicio para reabrir el debate sobre la pena capital. Especialmente dos han conmocionado a la opinión pública: el caso de Romina, una niña de tres años que quedó parapléjica al ser alcanzada por las balas de una banda de ladrones y por los asesinatos de un fiscal que investigaba el narcotráfico y de un alcalde en el interior de Perú.

A raíz de estos casos, hace unos días, el grupo parlamentario de los fujimoristas, en la oposición, presentó una propuesta para aplicar este tipo de condenas en los casos en que “exista la violación de menores de 10 años seguida de muerte y en los casos de robo agravado por muerte o lesiones de gravedad”. La oposición, pues, se le ha adelantado en reabrir el debate y García no está dispuesto a que esto ocurra.

“Hay ciertos crímenes que deben ser pagados con la vida”, comenzó García su alegato por la pena capital, "si no se toman cartas firmas y severas, después reaparece el terrorismo nuevamente, la delincuencia común, los violadores […] El país necesita severidad y fortaleza".

Las palabras del presidente peruano han cogido a contra pie a su Gobierno. Para implantar la pena capital, el Congreso peruano debería reformar el artículo 140 de la Constitución, que contempla este tipo de condenas sólo en caso de traición a la patria en tiempos de guerra, algo que requeriría de un mínimo de 80 votos.

El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, apuntó a la imposibilidad de aplicar la propuesta de la congresista Keiko Fujimori, hija del ex presidente. “Instrumentalizar una propuesta como ésa, ahora, va a ser inviable. “El Parlamento no puede convocar 80 votos para hacer una reforma constitucional, ni mucho menos está en condiciones de renunciar a la Convención Americana a la cual nos hemos sometido”, manifestó.

Y ése es un escollo que se encontrará García si quiere dar una respuesta real a la altisonancia de sus palabras. La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) ya le mostró su disgusto al presidente cuando abrió la posibilidad a aplicar la pena de muerte en 2006.

La FIDH recuerda que Perú abolió la pena capital en 1979, quedando restringida a las suposiciones mencionadas, y que el país está sujeto a diversos tratados internacionales sobre derechos humanos, entre ellos al Pacto de San José, en el marco de la Convención Interamericana de Derechos Humanos), que en su artículo 4.3 impide que se restablezca la pena de muerte en los Estados que la han abolido.

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