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ACOSO A WIKILEAKS

EEUU le enseña a Assange el coste de informar en democracia

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, está en paradero desconocido.
El fundador de Wikileaks, Julian Assange, está en paradero desconocido. REUTERS/Valentin Flauraud

El Congreso estadounidense trata de eliminar de Internet a ‘Wikileaks’. Hay peticiones de aplicarle la Ley Antiterrorista y la Ley de Espionaje. Las empresas que le suministraban el servidor y el DNS se niegan a ofrecerle el servicio. La Interpol busca a Julian Assange. Viernes 3 de diciembre, 12:10 de la mañana: ‘Wikileaks’ sigue vivo. De momento.

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La dirección www.wikileaks.org por momentos dejó de existir el viernes, su dirección en la Red pasó a ser http://46.59.1.2/. No es ningún código secreto, es lo que quedó de la pagina web de revelación de secretos de Julian Assange, que durante horas fue borrada del mapa virtual. Sólo es una de las heridas por las que supura el acoso a Assange. Estados Unidos ha pasado de enseñarle los dientes a morder como un perro de presa: trata de desenchufar de Internet a Wikileaks y mueve sus hilos para detener a Assange.

El cerco se ha estrechado. Después de que el senador independiente Joe Lieberman, jefe del Comité de Seguridad Nacional de esa cámara legislativa estadounidense, obligara el miércoles a la empresa Amazon a expulsar a Wikileaks de sus servidores, un nutrido grupo de representantes y congresistas de EEUU han exigido al Gobierno que prohíba que se pueda visitar la web Wikileaks.org desde direcciones norteamericanas y que elimine esa dirección permanentemente de todo el directorio de Internet.

Como la burocracia legislativa va despacio, una fuerza invisible está provocando que las empresas privadas por las que se accede a Internet estén negando sus servicios al proyecto de Assange. Si ayer fue Amazon quien se negó a alojar a Wikileaks –“por incumplir sus condiciones de uso”, según la empresa- hoy ha sido la sociedad que le proporciona el servicio DNS (protocolo que permite acceder a las web tecleando el nombre de la página) quien se ha negado a facilitarles un servicio que ha pagado. Everydns, se llama la empresa. Y la justificación esgrimida para hacerlo es la siguiente: “Los reiterados ataques de denegación de servicio (DDoS) que recibe Wikileaks ponen en peligro a los casi 500.000 sitios web que tenemos alojados”.

Al revelar datos ocultos de las guerras de Irak y Afganistán, así cómo 250.000 cables diplomáticos de EEUU con el resto del mundo, Wikileaks ha utilizado el espíritu del periodismo de investigación y las herramientas de las nuevas tecnologías, para poner en jaque los métodos de la diplomacia norteamericana y las alcantarillas de casi cada Estado donde tiene una embajada.

Peticiones de aplicar la Ley Antiterrorista y la Ley de Espionaje

Los movimientos de las autoridades estadounidenses desde que se conoció la filtración parecen mandar un mensaje claro para Assange y para quien intente imitarle: hablar de más se paga. Informar de algo más de lo que los gobiernos quieren que se sepa tiene consecuencias. También en los sistemas democráticos.

No es la primera  vez que hacer público lo que los Gobierno democráticos hacen en privado, causa un shock mundial. Ahí están los Papeles del Pentágono, cuando se conoció un informe secreto del Departamento de Defensa de EEUU sobre la implicación militar y política del país en Vietnam entre 1945 y 1967, o el famoso caso de espionaje a la oposición del Watergate, que le costó la dimisión al presidente Richard Nixon.  

La diferencia ahora es que Assange ha dejado completamente desnudos a los Emperadores de los países demócraticos ante la opinión pública mundial y que, en esta ocasión, al vehículo de transmisión se le tratará de aplicar la Ley antiterrorista o la Ley de Espionaje de 1917. La aplicación de la primera ya la ha pedido el honorable senador Peter T. King, miembro del Comité del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security). El estudio para aplicar la segunda, es una intención formal realizada por el fiscal general Eric Holder, encargado de investigar las consecuencias jurídicas de la filtración de los cables diplomáticos.  

La incompatibilidad exacta de la labor de Assange con los derechos a la libertad de expresión y de información, protegidos por la primera enmienda de la Constitución estadounidense y la Ley de Libertad de Información (FOIA), aún no han sido explicados.

De manera literal o figurada, un alto cargo político canadiense, Thomas Eugene Flanagan –asesor del primer ministro de Canadá- opinó hace unos días que Assange “debería ser asesinado”. Aún no parece que se enfrente a esa amenaza, pero otros frentes se le abren al fundador de Wikileaks.

La Interpol ha emitido contra él una orden de detención internacional; Suecia le ha denegado el permiso de residencia; un caso de agresión y acoso sexual contra él ha aparecido paralelamente a la publicación de las filtraciones…

Julian Assange -casi dos metros, 39 años-, ha anunciado a media mañana de este viernes que ha conseguido un nuevo DNS en Suecia para su página web. Wikileaks sigue vivo. De momento.

 

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