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El Invitado de RFI

Caso Texaco-Chevron vs Ecuador: 'Un tribunal de arbitraje podría terminar resolviendo negativamente la controversia ambiental'

Audio 15:13
El procurador general de Ecuador, Diego García, en la Universidad de la Sorbona, París, en octubre de 2015.
El procurador general de Ecuador, Diego García, en la Universidad de la Sorbona, París, en octubre de 2015.

El procurador general de Ecuador, Diego García, estuvo recientemente en París para presentar en Francia el libro colectivo Caso Chevron: Defensa del Ecuador frente al uso indebido del arbitraje de inversión. Un libro que explica al público poco conocedor de esta querella lo que sucedió entre 1964 y 1990 cuando la petrolera Texaco que ahora es Chevron, extrajo petróleo en la Amazonía ecuatoriana y dejó permanentemente contaminada el área. Una demanda que hicieron los habitantes afectados contra la empresa se ha convertido en demanda de Chevron contra el Estado ecuatoriano.

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Entre 1964 y 1990, el consorcio petrolero Texaco opera en la Amazonía ecuatoriana. Cuando se retira del país deja atrás un daño ambiental colosal. Más de 900 fosas de desechos de petróleo, o sea cerca de 5,6 millones de metros cúbicos, que mantienen desde hace 26 años hasta hoy la contaminación de la tierra y del agua. Es el peor desastre ambiental intencional. Intencional porque teniendo la tecnología de proteger la naturaleza, la empresa no lo hizo con el objetivo de aumentar sus ganancias.

Los habitantes de la región se organizaron para demandar a la multinacional y así obtener reparaciones por todos los perjuicios. Texaco, que se convirtió en Chevron, logró que el caso fuera juzgado en Ecuador y no en Estados Unidos donde la justicia condenó a la compañía en 2013. Pero ésta rechazó su responsabilidad por la contaminación en la Amazonía y atribuye el daño a la compañía petrolera estatal. Además acusa al Estado de no respetar un tratado bilateral comercial, firmado varios años después de que Chevron abandonara el territorio ecuatoriano. Quito ha sido condenado a pagar una millonaria deuda.

Un caso en el que la sociedad civil se oponía a una empresa estadounidense gigantesca se ha convertido en un doble proceso legal en el que las víctimas siguen pidiendo justicia y en el que el gobierno ecuatoriano trata de defenderse ante un ejército de abogados.

RFI: ¿Este libro tiene un propósito pedagógico para los ciudadanos, no es cierto?

D.G: Cumple un rol de presentar una relación histórica de los hechos y de los argumentos de derecho discutidos en el proceso de una manera ordenada en la que puede ser más fácil para el lector entender finalmente de lo que estamos hablando. Si bien para el Ecuador es un arbitraje de inversión, finalmente es una multiplicidad de controversias que se discuten en varios foros nacionales e internacionales y que finalmente forman parte de un mismo caso que muchas veces no es entendido por las personas que no conocen el caso.

RFI: ¿Por qué presentarlo en Francia?

D.G: Este país siempre ha tenido un interés muy cercano por los problemas ambientales. Tanto el ciudadano francés, como los estudiantes universitarios y los profesores franceses le han dado un seguimiento bastante cercano al caso, en particular a los daños ambientales causados por Texaco en la Amazonía ecuatoriana. Pensamos que es un foro muy importante para dar a conocer la posición del Ecuador en relación con esta controversia. Hay un interés del ciudadano francés por conocer qué es lo que pasó.

RFI: Francia y la Unión Europea están negociando en este momento, y de manera muy secreta, un tratado de libre comercio con Estados Unidos, el llamado TAFTA. Y éste incluye los muy polémicos arbitrajes entre países y empresas. Es decir, en caso de desacuerdo una empresa puede demandar a un país, como en el caso Texaco Chevron. ¿Cómo el ejemplo ecuatoriano puede guiar a las autoridades europeas?

D.G: En Europa ya existe la misma preocupación que hemos tenido en Latinoamérica respecto al sistema de arbitraje de inversión y la suscripción de tratados bilaterales de promoción y protección de inversiones que muchas veces fijan estándares que los Estados no conocen, o que los Estados no están dispuestos a cumplir. En cualquier equipo negociador de un país o de una comunidad de países, siempre es mejor conocer la experiencia de quienes ya han suscrito tratados que daban protecciones que el Estado no conocía en su real dimensión. Creo que los países europeos hoy en día miran con mayor cuidado los estándares de protección que están dando muchas veces abiertamente en tratados y que generan después inconvenientes para los países: los Estados que se ven demandados frente a inversionistas que tenían pretensiones que los países ni siquiera conocían.

Basura abandonada por Texaco a orillas del río Nueva Loja en Ecuador.
Basura abandonada por Texaco a orillas del río Nueva Loja en Ecuador. Flickr/Rini Hartman

RFI: Precisamente, una de las particularidades de este caso es que se convirtió o lo convirtieron en un asunto de arbitraje que se está jugando en La Haya. Chevron busca que el Tribunal de la Haya obligue al Estado ecuatoriano a asumir el pago de 9.500 millones de dólares por daño ambiental. Pero Ecuador quiere impulsar a nivel regional un centro de solución de disputas y arbitraje independiente que tenga sede en la UNASUR, y la CELAC lo avaló. ¿En qué etapa está el proceso?

D.G: Es un proceso que lo lleva adelante el gobierno ecuatoriano. Ha venido impulsando desde hace algún tiempo el trasladar las competencias que antes se daban a través de los contratos de inversión a organismos, y que hoy se buscan dar a otros con sede regional en Latinoamérica. Para esto se ha venido trabajando desde hace algún tiempo a nivel de la UNASUR. Lamentablemente, no todos los países están de acuerdo. Se está trabajando en un documento. La intención es tener un mecanismo que no nazca del propio sector de las inversiones sino que nazca en el interés de los países de dar un mecanismo justo de solución de controversias. Pero que no esté íntimamente ligado al capital como están otros mecanismos.

RFI: ¿Cuáles son los puntos principales en los que todavía no hay acuerdo?

D.G: Uno de los mayores problemas son los compromisos que algunos países ya tienen a través de los tratados que ya han suscrito. Eso hace más difícil el que en un momento dado puedan tomar una solución que no sea la que ya está en sus tratados. Éstos tienen períodos de supervivencia que hacen imposible desligarse inmediatamente de ellos.

"El sistema no puede seguir funcionando con árbitros que tienen un ejercicio profesional y que tiene sus propios intereses."

RFI: Una auditoría reciente ordenada por Ecuador determina que existe vinculación entre las transnacionales y los jueces de arbitraje encargados de dirimir las disputas contractuales. ¿Cómo usa la defensa esta revelación?

D.G: Todavía no tenemos el informe final. Hemos escuchado unos primeros comentarios que anticipan lo que podría contener este informe. Habrá que conocerlo para saber cuál es el nivel de esta relación. Pero siempre ha habido preocupaciones de parte del Ecuador sobre los conflictos de intereses de los jueces. Tenemos árbitros que son abogados de parte y que por tanto están analizando casos que probablemente tengan sus clientes, que son similares a los que están arbitrando. El sistema no puede seguir funcionando con árbitros que tienen un ejercicio profesional y que tiene sus propios intereses. Deben ser personas totalmente ajenas a la actividad del ejercicio profesional de abogados de parte. Y estar dedicados completamente al ejercicio del arbitraje. Es una queja constante del Ecuador.

RFI: En su prólogo, usted habla justamente de estos acuerdos bilaterales que “hemos venido criticando a lo largo de los últimos años”. ¿Y por qué Ecuador sigue firmando este tipo de acuerdos?

D.G: Ecuador no ha firmado recientemente tratados bilaterales de protección de inversiones. Sin embargo, Ecuador sí tiene pensado suscribir nuevos convenios de promoción de inversión pero bajo otros parámetros con la posibilidad de establecer estándares más claros de protección, establecer límites a estos estándares, identificar bien a qué se compromete el Estado y también exigir obligaciones de parte de los inversionistas, obligaciones frente al medio ambiente, obligaciones de responsabilidad social. Si algo es positivo de lo que ha vivido el Ecuador, es el hecho de que sabe dónde están los defectos en los contratos, en los tratados, y puede negociar de mejor manera.

RFI : Usted afirma que alimentar este caso de múltiples controversias, distrae de la controversia ambiental. ¿Qué ha pasado con la parte ambiental del caso?

D.G: Finalmente, el tribunal arbitral podría resolver en un momento dado la sentencia del Lago Agrio, que condenó a Chevron a pagar la indemnización por daño ambiental, a que la sentencia no pueda ser ejecutada. Eso significaría que el tribunal sin conocer el caso ambiental, habría resuelto el caso ambiental sin que sean parte los demandantes del Lago Agrio, los verdaderos perjudicados de este daño. Es sumamente grave que un tribunal internacional de una controversia de inversiones finalmente esté resolviendo lo esencial, o sea la existencia del daño ambiental que los árbitros pudieron ver en su visita que hicieron en junio a la Amazonía ecuatoriana.

Pablo Fajardo (derecha), abogado de las víctimas de los derrames de petróleo de Chevron, y Gladys Huanca, víctima de la zona del Amazonas, Ecuador, en nuestros estudios.
Pablo Fajardo (derecha), abogado de las víctimas de los derrames de petróleo de Chevron, y Gladys Huanca, víctima de la zona del Amazonas, Ecuador, en nuestros estudios. Photo Braulio Moro/RFI.

"El Estado no puede intervenir en el proceso legal de las víctimas"

RFI: Recordemos que unos 9.000 residentes de las áreas afectadas podrían contraer cáncer. Ciertamente las víctimas siguen su querella contra Chevron, pero ¿qué ha hecho el Estado ecuatoriano para apoyarlas?

D.G: El Estado no puede intervenir en el proceso legal de las víctimas porque uno de los reclamos de Chevron dentro del arbitraje es la existencia de una supuesta colusión de las autoridades del Estado con los demandantes del Lago Agrio para perjudicar a la empresa. De manera que nosotros no estamos interviniendo en los procesos de ejecución de la sentencia. Lo que Ecuador sí ha hecho es manifestar su apoyo y mirar con buenos ojos las actividades de los demandantes. Pero en los procesos legales no intervenimos porque cuidamos que no se mezclen las dos controversias.

RFI: Como Chevron ya no tiene activos en Ecuador, las víctimas han tenido que presentar nuevas demandas en países donde sí está presente como en Argentina o en Canadá en donde la Corte aceptó tomar el caso. ¿Esto influye de alguna manera en su caso a pesar de lo que menciona?

D.G: Nosotros hacemos un seguimiento de esos casos porque tenemos por nuestra parte el interés de lo que pueda repercutir en el arbitraje internacional.

RFI: Lo que sí es cierto es que la visibilidad que pueda tener el caso en Canadá le dará también visibilidad a la querella del Estado ecuatoriano...

D.G:La Justicia canadiense ha permitido que se conozca la causa y eso es importante. Es también importante que los jueces tengan la oportunidad de conocer qué es lo que están planteando los demandantes del Lago Agrio. Es una oportunidad de discutir esta controversia.

RFI: Algunas estimaciones consideran que la contaminación de la Amazonía es 80 veces superior al desastre en el Golfo de México en 2010 por parte de la petrolera BP, la cual ya ha acordado pagar una indemnización de unos 19 mil millones de dólares en 18 años. ¿Este caso también ha ayudado a concientizar a la opinión pública acerca del caso Chevron, no?

D.G: Si comparamos las cifras del daño de BP y las decisiones que se han tomado de indemnizar en ese caso, podemos compararlas con la demanda del Lago Agrio, vemos que su valor es inferior al de la condena de BP. De manera que nos permite poner en parámetro la cuantificación. Antes no había un parámetro y podría pensarse que es una cantidad exagerada, hoy vemos que es una cantidad razonable frente a lo que se ha producido como indemnización por parte de BP.

RFI: ¿Cuáles son los escenarios que se presentan ahora?

D.G: Se realizó en el mes de junio la visita en el Ecuador a la zona afectada. Hoy estamos en el proceso de espera de una decisión que debe tomar el tribunal arbitral. Y ya estamos básicamente dependiendo de qué tiempo tomen para hacerlo. Seguramente se demorarán por lo menos hasta el próximo año, hasta tomar una nueva decisión.

 

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