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México

México busca acabar con el fuero presidencial

En el caso Odebrecht, las sospechas se ciernen sobre el entorno del presidente Enrique Peña Nieto, en especial alrededor de Emilio Lozoya, ex director de la empresa pública Petróleos Mexicanos (Pemex).
En el caso Odebrecht, las sospechas se ciernen sobre el entorno del presidente Enrique Peña Nieto, en especial alrededor de Emilio Lozoya, ex director de la empresa pública Petróleos Mexicanos (Pemex). Foto: Reuters

La Cámara de Diputados de México aprobó este jueves una reforma constitucional que pondría fin a la inmunidad de los altos funcionarios del Estado, incluyendo a la figura presidencial. Este proyecto debe ser votado por el Senado y los diferentes congresos locales. 

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Originalmente, el fuero se estableció en la Constitución mexicana para que los legisladores puedan expresar sus opiniones sin temor a ser detenidos.

Hoy en México, el fuero protege a numerosos funcionarios

públicos: el presidente, los ministros, gobernadores, parlamentarios, magistrados e incluso cargos locales.

En la práctica, esta inmunidad se ha convertido en un factor de impunidad. En los últimos años, la demanda de organizaciones civiles de acabar con ello creció ante la multiplicación de los escándalos de corrupción por parte de gobernadores.

Hasta ahora el partido oficialista, el PRI, había bloqueado cualquier cambio al respecto. Esta vez, los diputados dieron luz verde, de forma unánime, a la reforma constitucional impulsada para suprimir los fueros de los servidores públicos y que éstos sean juzgados como cualquier ciudadano.

Existen sin embargo dos excepciones en el proyecto: no podrán ser detenidos de manera preventiva ni apartados de sus cargos hasta que la sentencia sea definitiva.

En cuanto al presidente, hasta ahora solo podía ser acusado "por traición a la patria y por delitos graves del orden común". Con esta reforma constitucional, un presidente podría enfrentar un juicio político y ser destituido por una mayoría calificada en el Legislativo federal.

La reforma debe ahora pasar ante el Senado y luego recibir el aval de 17 de los 32 congresos locales. De ser así, antes de finales de año, podría aplicarse al próximo presidente del país.

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