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Grandes Reportajes de RFI

Chile: una ‘zona de sacrificio’ para una población intoxicada

Audio 15:43
Una niña de 10 años con lesiones cutáneas presuntamente provocadas por una intoxicación Química en Quintero, el 7 de septiembre de 2018.
Una niña de 10 años con lesiones cutáneas presuntamente provocadas por una intoxicación Química en Quintero, el 7 de septiembre de 2018. Martin BERNETTI / AFP

No lejos del puerto de Valparaíso, en Chile, entre las comunas de Quintero y Puchuncaví existe lo que los ambientalistas laman una “zona de sacrificio”. Porque allí estiman que la salud de los habitantes ha sido sacrificada en aras de la industrialización.

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Por Justine Fontaine, corresponsal de RFI en Chile

Frente a la Bahía de Quintero, Juan Suárez mira hacia el cordón industrial instalado a la orilla del mar. Parado en la playa, este pescador artesanal señala las chimeneas, las tuberías de hidrocarburos y los tanques de almacenamiento blancos construidos entre la ciudad de Quintero y la comuna de Puchuncaví.

“En total son 19 empresas contaminantes que tenemos. Si el viento es norte, nos toca a nosotros, Quintero; si el viento es sur, les toca Puchuncaví”, explica Suárez.

En Quintero y Puchuncaví viven cerca de 50.000 personas en total con índices de pobreza más altos que el promedio regional, y debido a la contaminación la zona forma parte de lo que en Chile llaman “la zona de sacrificio”.

Desde 1954 se han instalado en la bahía cuatro plantas termoeléctricas a carbón, varias fábricas de productos químicos, una fundición y refinería de cobre, y terminales de petróleo y gas entre otras actividades.

Producto de la contaminación generada por las fábricas, Juan Suárez y los demás pescadores de la zona tienen prohibido recolectar los moluscos de la bahía y además de las consecuencias sobre su actividad de pescador, Juan también ha visto a su familia directamente afectada por la contaminación a fines de agosto.

“A mi hija se le adormecían las piernas, tenía cefaleas, mareos continuos y empezamos a hacerles exámenes. Era todo normal hasta que llegó el episodio del 21 de agosto [de 2018], donde cayeron muchos niños con los mismos síntomas de mi hija. Mi hija también fue afectada en el mismo grupo, el mismo día y ahí recién supimos que se trataba de contaminación”, recuerda.

El pasado 21 de agosto fue el primer episodio importante de intoxicaciones. Ese día le tocó a Joshua Kadima llevar al hospital a varios alumnos del colegio de Quintero donde trabaja porque tenían estos mismos síntomas. Recuerda que el pequeño recinto de salud apenas tenía espacio para recibir a todos los pacientes.

“Había por lo menos 60 o 70 niños intoxicados y estaban dándoles tratamiento con suero. Y cada vez llegaban más. Había un aspecto neurológico común entre varios números que era que se les adormecían las extremidades. Llevaban las piernas adormecidas, los brazos. A varios niños pequeños, de entre cinco y ocho años los llevaban arrastrando”, apunta Kadima.

A fines de septiembre, después de las fiestas patrias chilenas, ocurrió otro episodio importante de intoxicación. Esa vez cayó intoxicado el hijo de Joshua, de 14 años.

“Sentía un hormigueo grande en las piernas y no respondían sus reflejos. Y allí la doctora inmediatamente dijo ‘no, mira, este síntoma que él tiene inmediatamente descarta otras tesis de una enfermedad estomacal u otra cosa. Eso junto con los vómitos y dolor de cabeza es un cuadro de intoxicación por gas’”, rememora.

Hoy, a más de tres meses del primer episodio importante de intoxicaciones, ni Juan ni Joshua saben qué gas intoxicó a sus hijos y tampoco de qué fábrica provenía. Según el Consejo de Usuarios del Hospital, que agrupa a trabajadores del recinto de salud y habitantes de la comuna, siguen llegando al hospital varias personas cada semana con los mismos síntomas.

Daños "irreversibles"

Hernán Ramírez trabaja en la fundación ambiental Terram. “Coinciden curiosamente los días festivos con la reducción de los casos de intoxicación. Cuando las empresas están paralizadas, los habitantes no se intoxican. Para nosotros no cabe duda de que esto proviene de las empresas y que el Estado no ha tomado las medidas y no ha hecho el esfuerzo suficiente para poder definir qué contaminantes son y también hacer un seguimiento adecuado a las personas”.

Durante el primer episodio de intoxicación, el ministerio de Medio Ambiente envió un nuevo equipo a Quintero para medir la calidad del aire. El 22 de agosto se detectaron tres gases tóxicos, entre ellos metilcloroformo, un gas prohibido en Chile y en muchos países del mundo por sus efectos sobre la capa de ozono.

Después de esto, el presidente Sebastián Piñera acudió a la zona, las clases fueron suspendidas durante cerca de un mes y se estableció un hospital de campaña para reforzar las capacidades del hospital local. Además se decretó una alerta ambiental y luego una alerta sanitaria para poder suspender las faenas de las empresas de la comuna en caso de malas condiciones climáticas, como falta de viento, por ejemplo. Sin embargo, por el momento, la secretaría regional del ministerio de Salud (Seremi) no ha ordenado realizar exámenes toxicológicos.

“Ningún examen toxicológico, ningún examen de pelo, algo que pudiera darnos alguna respuesta de qué tipo de gases o qué tipo de elementos influyeron en la en la intoxicación”, se extraña Kadima.

En la universidad de Chile, en Santiago, nos reunimos con Andrey Chernichin, profesor de medicina que presidió el departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico. Fue a Quintero en septiembre con el fin de realizar un informe sobre las intoxicaciones sufridas recientemente por los habitantes. En su opinión es incomprensible que después de dos o tres meses de ocurridos los primeros casos no se haya encontrado la causa y el origen de las intoxicaciones.

“La organización destinada a hacer acciones durante la emergencia química no hizo nada. Lo único que hizo es llegar ahí junto con Seremi de medio ambiente y decir a la población: está todo controlado no se preocupen, cuando lo que debió hacer cuando hay un gas que produce esos problemas, es por lo menos evacuar a los niños más pequeños y avisarle a las mujeres embarazadas que también evacuen porque estas sustancias químicas pueden dejar secuelas sobre todo en el feto; en los últimos tres meses de gestación el feto es muy sensible y deja daños muchas veces permanentes e irreversibles”, subraya el docente.

A fines de septiembre la policía allanó varias fábricas de la zona. Se detectaron irregularidades en algunas de ellas, pero no se encontró el gas responsable de las intoxicaciones.

Son las 16 horas en la plaza principal de Quintero frente al edificio de la municipalidad. El balneario está casi desierto y bajo un fuerte viento de primavera algunos habitantes se están preparando un café.

Padres de niños intoxicados y miembros de distintas agrupaciones de la zona instalaron carteles y carpas en la plaza para pedir acciones más fuertes por parte de autoridades y saber qué gas les intoxicó a ellos y a sus hijos. También criticar la lentitud de las investigaciones y la manera en que el Estado ha reaccionado frente a la crisis.

Sebastián Santos es uno de los voceros de estos habitantes. “No sabemos aún quiénes son responsables ni qué fue lo que provocó realmente estos envenenamientos masivos. Nos da rabia. Nos da miedo porque en cualquier momento podemos correr el riesgo de que las personas ya no empiezan a llegar al hospital sino que puedan caer directamente muertas. La población de desde veinte años hacia abajo es la que con más fuerza ha llegado directamente al hospital, según las estadísticas que nos han aportado”, asegura.

¿Salud o trabajo?

Las agrupaciones de Quintero y Puchuncaví piden cambiar la legislación ambiental chilena para cumplir con los estándares de la Organización Mundial de la Salud, pero tienen más peticiones a corto y mediano plazo.

“La paralización del parque industrial hasta obtener responsables, la modificación del hospital de Quintero, a que se aumente la complejidad para poder traer a especialistas entendiendo que el hospital de acá solamente tiene una atención de médicos generales; el cierre de las termoeléctricas obsoletas a carbón y la fundición que también es estatal”, enumera Santos.

Además, que ya no sean las empresas las que midan los gases contaminantes que ellas mismas emiten sino el Estado, a diferencia de lo que ocurre hoy en día. Los militantes también esperan con ansias el resultado la investigación policial sobre la muerte de un pescador y líder sindical de Quintero. En la madrugada del pasado 4 de octubre, después de una marcha en contra de la contaminación en la ciudad vecina de Valparaíso, Alejandro Castro, de 24 años, fue hallado muerto en la calle.

En un primer momento, la policía descartó la participación de terceros en los hechos, pero al otro día la institución indicó estar investigando todas las hipótesis y reconoció que el joven militante había recibido amenazas.

En el otro lado de la bahía y de las fábricas y chimeneas, empieza una nueva sesión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Los parlamentarios están trabajando justamente sobre la contaminación en la bahía y los últimos casos de intoxicaciones. Ninguno de los alcaldes de la zona respondió favorablemente a la invitación por parte de la comisión investigadora, pero la secretaría ministerial regional de medioambiente en cambio sí acudió a la sesión. Victoria Gazmuri defiende las acciones de las autoridades.

“La superintendencia medioambiente ha reforzado las fiscalizaciones, ha cuadriplicado la cantidad fiscalizadores que tenían disponibles: hoy están realizando fiscalizaciones en un grupo contingente de casi 10 personas para 13 empresas 24 horas al día los 7 días de la semana”, recalca.

Sin embargo frente a la comisión, Victoria Gazmuri pone en duda las misiones en las que se detectó metilcloroformo y explica que los funcionarios habían usado la máquina sólo una vez antes y que sólo se obtuvo una concentración muy baja del gas.

Este discurso no convence Diego Ibáñez, presidente de la comisión investigadora. El diputado es miembro del Frente Amplio, una coalición de oposición al gobierno de derecha.

“Que hoy lo detectemos y que la justificación para no entrar a operar en la empresa y sancionar a quien manipula esto sea solamente que estuvo en baja cantidades, a nosotros parece una ridiculez que es del tamaño de la negligencia que ha tomado el Estado”, denuncia.

El anuncio a fines de agosto de la presencia de metilcloroformo en el aire de Quintero despertó la sospecha de los habitantes. Una fábrica de productos químicos que utilizó este compuesto en el pasado hoy dice que ya no produce ni almacena este gas en la zona, pero los vecinos de la comuna subrayan que el presidente del directorio de la compañía fue abogado del presidente Sebastián Piñera y además socio del esposo de la ministra de Medio Ambiente durante más de 15 años. El caso está en manos de la Contraloría General de la República para determinar si existe o no conflicto de interés en este caso.

Cuando visitó la zona a fines de agosto, el presidente anunció un nuevo plan de descontaminación para negociar con las empresas del cordón industrial una baja en sus emisiones. En Puchuncaví, Andrea Castro, una joven emprendedora, considera que este plan sería lo mínimo que pueden hacer el estado y las empresas para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

“Hace más de cincuenta años que llegó la primera empresa. Saturaron la zona con empresas y no han avanzado en tecnología. Generan dinero, generan dinero y no piensan en la comunidad. Las empresas no se van a ir pero sí que se rijan por normas, que no nos sigan matando”, enfatiza.

Hernán Ramírez, de la fundación Terram, considera que además es urgente para Chile mejorar sus normas ambientales ya que hoy en día la ley chilena ni siquiera determina un límite de emisión para varios gases tóxicos. De no ser así seguirán existiendo en el país las llamadas “zonas de sacrificios”, como Quintero y Puchuncaví.

“Seguimos funcionando con la mentalidad del siglo XXI, y la gente debe agradecer poco menos que tiene trabajo y que no se ponga muy exquisita y estar exigiendo normas que la proteja. Tendrán que elegir ellos: ¿se quedan cesantes o tendrán que respirar el aire que nuestra actividad industrial tiene que generar porque son los sacrificios que tienen que hacer las personas para que los países se industrialicen? Eso hoy en día es algo inaceptable, en el mundo y en Chile también”, protesta.

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