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¿Quién es el presidente legítimo de Venezuela?

Juan Guaidó y Nicolás Maduro, dos legitimidades en pugna.
Juan Guaidó y Nicolás Maduro, dos legitimidades en pugna. Yuri CORTEZ / AFP

El Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, alineando su postura con Estados Unidos y el Grupo de Lima. No obstante, Nicolás Maduro continúa en el poder con el apoyo de los militares. Constitucionalistas venezolanos explican quién debe tener el poder.

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Por Blanca Castro para RFI

La situación política de Venezuela es tan confusa como su mercado paralelo de divisas. En una visión general, hay dos presidentes en el país: Nicolás Maduro, elegido el 20 de mayo del año pasado para un segundo mandato y Juan Guaidó, el flamante presidente de la Asamblea Nacional (AN) que irrumpió en la escena política con su juramentación el 23 de enero en las calles de Caracas.

Tras el suceso que parecía marcar un nuevo capítulo de la sociedad venezolana, la prensa internacional describió el acto como una “autoproclamación” bajo el estricto significado descriptivo de la palabra sin entrar en disquisiciones jurídicas.

“Un individuo se autoproclama cuando sin ejercer ninguna función pública ni estar habilitado por ninguna norma jurídica decide asumir el poder, como fue el caso de [Pedro] Carmona”, explica a RFI Juan Manuel Raffalli, abogado constitucionalista y profesor universitario.

Recordar el golpe de Estado a Hugo Chávez en 2002 es necesario para entender la diferencia legal que nos plantea el catedrático cuando Pedro Carmona, en ese entonces presidente de Fedecámaras, la asociación civil de empresarios privados, asumió de facto la presidencia de Venezuela.

Sin ningún cargo público, Carmona duró solo 47 horas en el poder para luego exiliarse en Colombia.

“A Guaidó lo proclama el artículo 233 que le impone, no solo en derecho sino en obligación, de encargarse de la presidencia de la República en caso de que no haya un presidente electo o que el presidente esté ausente. No se autoproclamó, él asumió una responsabilidad y un deber que le impone la Constitución por su condición de presidente de una Asamblea Nacional popularmente electa”, dice Raffalli.

El vacío de poder es “harina de otro costal”, admite por su parte el catedrático de la Universidad Católica Andrés Bello, puesto que Maduro asumió su mandato el 10 de enero luego de unas elecciones convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente y rechazadas por el grueso de la oposición venezolana que se negó a participar por “faltas de garantías”.

Entre las denuncias están la inhabilitación de los partidos políticos que presentaban los candidatos de oposición más populares, la anticipación de siete meses de las elecciones, la manipulación de la población con el “carnet de la patria”, registro para el acceso a alimentos y misiones sociales del Gobierno, y el manejo de las auditorías de los votos.

“Si el 20 de mayo hubiera sido una elección autentica, no hubiera pasado lo que pasó”, asegura Raffalli.

“Quien convoca las elecciones es un órgano que no tiene las competencias, que es la Asamblea Nacional Constituyente conformada exclusivamente por miembros del partido oficialista gobernante. Por allí comienza la base constitucional a ser resquebrajada”, señala por su parte Argenis Flores, profesor en derecho constitucional.

Según Flores, un conjunto de irregularidades que llevaron a los comicios del 20 de mayo al fraude pretendió llevar a Maduro a la legitimación a principios de enero.

Se produce “una especie de vacío que no lo cubre la Constitución pero que de alguna manera el artículo 233 permite que en ausencia de presidente legítimo, asuma el presidente de la AN Juan Guaidó interinamente”, concluye.

¿Hay realmente vacío de poder?

Pero para el constitucionalista Michael Pérez Amaro, la Asamblea Constituyente tiene hasta “el poder de hacer de nuevo la República y la Constitución”. En su lectura de la carta magna no existe “posibilidad alguna de hablar de un vacío de poder” cuando se realizaron elecciones donde participaron diferentes partidos de oposición; oficialismo e independientes y “el presidente Nicolás Maduro ganó con un cincuenta y tanto por ciento”, dice el abogado y profesor especialista en derecho procesal y derecho constitucional.

“Ante la muerte o una falta absoluta del presidente, lo correcto es que el presidente de la AN se desprenda del cargo y sea juramentado asumiendo la encargaduría de la República”, precisa Pérez y agrega: “un grave error que está cometiendo ese muchacho diputado [Guaidó] porque está firmando como presidente de la Asamblea y presidente encargado [un planteamiento] de funciones que no existe en el ordenamiento jurídico venezolano”.

Aún con Maduro en buen estado de salud, el líder opositor contó con el respaldo inmediato de los Estados Unidos y el Grupo de Lima, mientras que el sucesor de Chávez se resguarda en los altos mandos de la Fuerza Armada Nacional y su alianza con países como China, Rusia y Turquía.

‘El petróleo es poder’

La administración de Donald Trump, que lidera la ofensiva contra la cúpula chavista, sancionó a la petrolera estatal PDVSA y congeló los activos de ésta en territorio estadounidense con el fin de cortar el suministro a Maduro y redirigirlo lo más pronto a la Asamblea Nacional. Sin embargo, estas acciones podrían ocultar un fin mayor. Diferentes expertos aseguran que mucha de la lealtad que profesan los altos mandos militares está supeditada a ganancias millonarias proveniente del negocio petrolero, y pese a que la empresa de hidrocarburos se encuentra hundida en una aguda crisis sigue representando el 90% de los ingresos de Venezuela.

Incluso antes de estas medidas, Nicolás Maduro había ya denunciado un golpe de Estado en su contra y pidió al cuerpo diplomático estadounidense abandonar el país en un plazo de 72 horas, una medida que no fue reproducida para la veintena de países que piden nuevas elecciones libres y transparentes.

Para Raffalli, el manejo de los activos del país suramericano en el exterior dependen de la posición de los Gobiernos de cada país. Mientras, Flores indica que los activos “deben ser utilizados por el presidente encargado”, basándose en la normativa constitucional que expresa que las responsabilidades administrativas las debe asumir el encargado de la presidencia.

Pérez Amaro opina todo lo contrario: “Estamos hablando plenamente de una persona que usurpa con poderes que se le ha concedido desde otras fronteras y con otras intenciones ocultas y oscuras (…) No existe nada que ampare a este señor además de los votos que lo acreditan como diputado”, además asegura que a Venezuela le han robado esos activos.

Estados Unidos aprobó la petición del órgano legislativo venezolano de una ayuda humanitaria de 20 millones de dólares, sin embargo, los canales para dicha transacción se ven aún difusas con la situación particular que vive el país. Si la oposición sobrepasa este obstáculo, entre cientos de otros, podría llegar a los sectores más escépticos, como los militares.

“Lo que está pasando en las Fuerzas Armadas es un hervidero. En los cuadros medios y cuadros bajos que están pasando hambre”, dice Raffalli.

Un nuevo capítulo con un desenlace incierto

La carta magna no solo demanda la asignación de un gobierno transitorio frente a un vacío presidencial, el artículo 233 dicta que “se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes”.

El profesor Argenis Flores advierte que el plazo “no es una camisa de fuerza”.

“Para hacer elecciones transparentes, universales y plurales hay que cambiar el Consejo Nacional Electoral con los mecanismos que están en la Constitución. Nombrar nuevos rectores que planifiquen un proceso electoral en un plazo mínimo de 6 meses”, dice Flores, argumentando que se debe primero sanear la infraestructura electoral, lo que llevaría una cantidad de tiempo importante.

“No podemos ir a unas elecciones delicadas en un país que no tiene instituciones (…) Yo conozco gente que ha votado cuatro y cinco veces con el carnet de la patria”, denuncia el profesor de derecho constitucional.

Por su parte, Raffalli considera que la oposición instalada recurrió a todos los recursos posibles en el órgano legislativo y fuera de él antes de que los tiempos dieran paso al artículo 233, como la famosa, y criticada, reunión secreta en República Dominicana por ambas partes.

Ha sido la convergencia de diferentes factores que han desatado este nuevo escenario.

“Ahora hay un país que no aguanta más, una oposición renovada con jóvenes que están unidos y hay una presión importante de la comunidad internacional, pero sobretodo hay una visión en las clases populares y en las tropas que mientras que no se haga un cambio político la vida del venezolana seguirá empeorándose”.

Juan Raffalli apunta que ahora “lo que falta por definirse es cómo y cuándo termina este ciclo”.

A pesar del nuevo impulso de los que aspiran un cambio a los 20 años de modelo político, Maduro aún tiene el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el poder armado.

El costo de ser oposición en Venezuela

El 31 de enero, Guaidó denunció que fuerzas de elite del Gobierno de Maduro intentaron ingresar al hogar de líder opositor sin ningún tipo de explicación previa, lo que fue desmentido luego por las fuerzas del orden.

Es oportuno recordar al líder Leopoldo López, quien cumple arresto domiciliario y el exgobernador Henríquez Capriles, inhabilitado para cualquier contienda electoral. Así mismo, hay una docena de exiliados y perseguidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

Según la organización Foro Penal, hasta diciembre del año pasado había 288 presos políticos en todo el territorio nacional.

En el ámbito penal, la falta de legitimidad para manejar los activos de Venezuela, según Pérez Amaro, podría llevar a Guaidó a enfrentar cargos por el aprovechamiento de cosas por delito, entre otros.

La usurpación de poder e intento de golpe de Estado también engrosa la lista de delitos señalados por el chavismo contra el declarado presidente interino. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia manejado por el oficialismo ha impuesto, hasta ahora, una serie de medidas cautelares como la prohibición de salida del país y el bloque de cuentas personales.

En resumen, los dos presidentes poseen argumentos jurídicos para defender su legitimidad. Uno es avalado en lo interno por las Fuerzas Armadas y el otro es reconocido por la mayoría de la comunidad internacional. Solo el desarrollo de los hechos en las próximas semanas hará que la historia venezolana se decante por uno solo.

Entrevistados: Juan Manuel Raffalli, constitucionalista y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y Universidad Monteávila; Argenis Flores, profesor universitario de derecho constitucional de la Universidad José Antonio Páez; Michael Pérez Amaro, profesor universitario, especialista en derecho procesal, derecho constitucional y derechos humanos.

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