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Colombia

Colombia: Cámara baja rechaza objeciones de Duque a justicia de paz

Iván Duque objetó 6 de los 159 artículos del proyecto de ley que regula la JEP.
Iván Duque objetó 6 de los 159 artículos del proyecto de ley que regula la JEP. Courtesy of Colombian Presidency/Handout via REUTERS

La Cámara baja de Colombia rechazó este 8 de abril las objeciones del presidente Iván Duque a apartados del proyecto de ley que regula el sistema de justicia creado en el acuerdo de paz con la exguerrilla FARC para juzgar delitos cometidos en el conflicto armado.

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En Colombia, la plenaria de la Cámara de Representantes, con 110 votos por el sí y 44 votos por el no, aprobó "el rechazo de las objeciones presidenciales" a la regulación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), indicó la cámara en Twitter.

Las objeciones formuladas por Iván Duque a la justicia de paz, considerada la columna vertebral del acuerdo suscrito en 2016 por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con la otrora guerrilla comunista, ahora se discutirán en el Senado en fecha por definir.

El estatuto que dio origen a la JEP fue avalado por el Congreso en 2017 y por la Corte Constitucional, encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna. Pero Duque, que asumió el poder en agosto con la promesa de modificar el pacto por considerarlo indulgente con los rebeldes, objetó el 10 de marzo seis de los 159 artículos del proyecto de ley que regula la JEP.

El mandatario cree "inconveniente", entre otras cosas, que no se investiguen cada uno de los crímenes graves de los exguerrilleros, y que no se contemple la extradición de los excombatientes que colaboran con el sistema de justicia transicional.

Las partes habían acordado que ningún rebelde podría ser entregado a la justicia estadounidense por acciones cometidas antes de la firma de la paz, aunque quienes hayan incurrido en narcotráfico después del 1 de diciembre de 2016 enfrentarán una eventual extradición.

Suscrito a finales de 2016, el pacto prevé que los responsables de delitos graves cometidos durante el prolongado conflicto, ya sean exguerrilleros o militares, reciban penas alternativas a la prisión si confiesan sus crímenes, reparan a sus víctimas y nunca más vuelven a ejercer la violencia.

La decisión del Senado, donde el gobierno no cuenta con mayorías claras, prevé debates jurídicos por lo inhabitual de las objeciones en Colombia y diferentes interpretaciones normativas.

Respaldado por la ONU, el acuerdo condujo al desarme de unos 7.000 combatientes y ha evitado la muerte de unas 3.000 personas al año. Desde 2018 los máximos responsables de la exguerrilla comenzaron a comparecer ante la justicia de paz.

Con AFP

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