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¿Quién quiere limitar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos?

El secretario general de la OEA Luis Almagro en la apertura de la 49° Asambla General de la OEA en Medellín, Colombia, el 26 de junio de 2019.
El secretario general de la OEA Luis Almagro en la apertura de la 49° Asambla General de la OEA en Medellín, Colombia, el 26 de junio de 2019. REUTERS/David Estrada Larreta

El 28 de junio se eligen comisionados de la CIDH, y como trasfondo hay una declaración de Chile, Argentina, Colombia, Brasil y Paraguay que cuestiona el alcance del Sistema Interamericano de DDHH. ¿Cuál es su origen y potencial efecto?

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En sus primeras palabras los países que firman la declaración, emitida en abril pasado, dan cuenta de su compromiso con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo objetivo conjunto es promover y proteger los derechos humanos de las personas de los países que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

Sin embargo, luego aparece un punto que asegura que "se debe respetar el legítimo espacio de autonomía del que disponen los Estados".

A simple vista parece una consideración razonable, pero organizaciones de defensa de los derechos humanos dicen que se trata de una exigencia peligrosa, que puede leerse como una avanzada para recuperar una suerte de soberanía cedida por los Estados al SIDH, una avanzada llevada a cabo por los mismos Estados que decidieron ceder esa soberanía para establecer ese sistema.

"La resolución pretende ejercer presión indebida ante el Sistema Interamericano de DD.HH. para delimitar gravemente sus funciones e introducir consideraciones políticas en las decisiones de los órganos de control", le escribió en una carta José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, al presidente de Colombia Iván Duque.

En Chile, un grupo de académicos respondió a la decisión de su Gobierno con una carta que dice que si se implementan los cambios sugeridos en la declaración, se le "quitarían a los órganos de supervisión la capacidad de efectuar, justamente, su mandato de supervisión e interpretación, tan necesario para resguardar, en el pasado y presente, la democracia y la dignidad de todas las personas".

Y en Argentina, profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, adhirieron a la misiva de sus contrapartes chilenas y agregaron que la CIDH "ha sido un actor de profunda relevancia para la vigencia de los derechos humanos en Argentina, tanto respecto los procesos de memoria, verdad y justicia como de la defensa de los derechos de grupos víctimas de procesos históricos o estructurales de discriminación". Y que justamente por eso les preocupa  que el Gobierno argentino, que tradicionalmente ha apoyado a la SIDH, haya sumado su firma a la declaración de Santiago.

No fue la única crítica que recibió el gobierno de Mauricio Macri: más de cien individuos, organizaciones de derechos humanos y otras de la sociedad civil difundieron una carta en respuesta a la declaración, en la que acusan al gobierno argentino, además, de "demostrar la intención de debilitar el mecanismo de protección regional que se evidenciara con la presentación sucesiva de dos candidatos absolutamente inidóneos para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".

France 24 intentó hablar con las autoridades argentinas correspondientes para confirmar la posición de ese país pero no obtuvo respuesta. Lo propio hizo con la Cancillería de Colombia, sin respuesta hasta la publicación de este artículo.

En cualquier caso Vivanco lanzó una advertencia a los firmantes de la declaración de Santiago sobre lo que puede ocurrir si se limita la capacidad de acción del sistema: "Quienes gobiernan hoy no han aprendido a mirar las lecciones que da la historia de América Latina, que es de oscilaciones ideológicas permanentes, donde quienes gobiernan hoy pueden necesitar concurrir a un sistema (de DDHH) porque son objetos o víctimas de persecución por parte del próximo gobierno".

En Chile trabajaron durante más de un año para conseguir las firmas

La declaración fue el resultado de gestiones iniciadas por Chile.

El 22 de marzo pasado los presidentes de ese país, junto a los de Argentina, Colombia, Brasil y Paraguay, entre otros, se reunieron en Santiago para concretar el establecimiento del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), la respuesta de la centro-derecha y la derecha regionales a la Unasur, que nació de la centro-izquierda e izquierda continental en 2008.

Durante un almuerzo, cuenta Vivanco, el anfitrión Sebastián Piñera, presidente de Chile, consiguió algo en lo que venía trabajando su gobierno hacía más de un año: que los otros cuatro mandatarios estamparan su firma en la polémica declaración.

En diálogo con France 24 en Español, Vivanco dijo que detrás de la iniciativa están "sectores integristas católicos, yo diría fanáticos de la ultraderecha chilena, que también hacen parte del gobierno". Por eso, dijo el director para las Américas de HRW, convencieron a Piñera, que tiene posiciones más moderadas y liberales, de avanzar con la declaración.

Estos sectores, agregó, consideran preocupante que los organismos internacionales de defensa y promoción de los DDHH tengan pronunciamientos que defienden posiciones como el acceso al aborto en ciertas circunstancias o la defensa del colectivo LGTBI, entre otros.

Este medio consultó a la Cancillería chilena sobre el tema pero no obtuvo respuesta.

"El tema es que los DD.HH. no tienen que ser nada ideológico"

"A mí me parece muy bien en realidad", dijo acerca de la declaración Álvaro Paúl Díaz, profesor asociado del departamento de Derecho Internacional de la Universidad Católica de Chile, en diálogo con este medio. "Porque la Corte no funciona dentro de un sistema de pesos y contrapesos, por eso conviene que los Estados que están más vinculados con el sistema le planteen algunas reformas que sería bueno que la Corte adoptara".

Díaz es uno de los defensores de la declaración, que parece reflejar punto por punto su pensamiento acerca del rol del SIDH, aunque él dice que no tuvo vínculo con su gestación. Tal como dice la declaración, él señala que la idea es pedirle a la Corte "que tenga en cuenta las necesidades nacionales".

Para Díaz la Corte tendría que aproximarse a la forma de funcionar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, argumenta, "permite que los Estados definan ellos mismos si es que el derecho a la vida comienza desde la concepción o desde el nacimiento".

Eso es lo que se conoce como doctrina de margen de apreciación.

Para Vivanco, sin embargo, para poder llegar a instaurar esa doctrina –que tal vez sería un horizonte futuro– falta mucho camino por recorrer y que si se hiciera ahora las condiciones de los DD.HH. en América Latina serían aún peores: "La realidad de nuestros países está aún a años luz de lo que es la vigencia de los DD.HH. en Europa".

Dice que la Corte Europea se dedica a lo que denomina "delicatessen jurídicas", porque son decisiones muy sofisticadas, pero, esencialmente "son discusiones del primer mundo", donde se ha alcanzado un nivel alto de respeto de los DDHH, mientras en América Latina todavía hay torturas, ejecuciones, censura, hay abusos de poder, hay concentración de poder y falta de independencia judicial.

Paúl, no obstante, considera que hoy el SIDH se ha pasado de la raya: "Ha entrado a definirse sobre cosas que son más discutibles", porque "ha empezado a fallar en materia de derechos económicos, sociales y culturales, cuando nunca fue ese el rol que le quisieron dar los Estados".

Se refiere, por ejemplo, a cuestiones vinculadas al derecho a la salud, la vivienda o la educación. ¿Y de derechos de las mujeres y grupos LGTBI? "Si aquí hay algo de restringir derechos de las mujeres y LGBT son dos temas en los que la Corte se ha metido en cuestiones que son discutibles, o sencillamente de política pública", dijo.  "Por ejemplo, en el caso Europeo, la Corte Europea, permite que los Estados definan ellos mismos si es que el derecho a la vida comienza desde la concepción o desde el nacimiento“.

De todos modos, expertos en Derecho Internacional explican que está limitada la acción de CIDH y la Corte. Por ejemplo, en el marco del debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, esos órganos se expiden sobre el acceso al aborto en tanto política de salud pública, pero no le dicen a los Estados que sigan un criterio específico respecto a cuándo comienza la vida.

Paúl le dijo a France 24 que no debe restringirse la discusión sobre el alcance del SIDH a los temas vinculados a aborto y derechos de los grupos LGTBI, "porque esta carta va mucho más allá". Aunque, dijo: "No voy a negar de que son temas en los que se producen este tipo de problemas".

Él dice sospechar que el SIDH está asociado a una tendencia política, ideológica. ¿De izquierda?, le pregunta este medio. "No quiero decir nada concreto sobre el tema, pero mucha gente lo interpreta así; el tema es que los DD.HH. no tienen que ser nada ideológico".

"La CIDH valora la postura constructiva de los Estados y examinará el tema durante sus próximas sesiones"

La CIDH fue cautelosa a la hora de responder a la declaración; en definitiva son los Estados los que la constituyen y financian.

En su cuenta de Twitter publicó el siguiente mensaje: "La CIDH ha recibido una Declaración suscrita por Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay que señala la importancia del SIDH y hace sugerencias para mejorar su eficacia. La CIDH valora la postura constructiva de los Estados y examinará el tema durante sus próximas Sesiones".

Fuentes de la entidad, sin embargo, aseguran que hay mucha preocupación porque la última vez que algo similar ocurrió, cuando estaban en el poder Dilma Rousseff (Brasil), Rafael Correa (Ecuador), Hugo Chávez (Venezuela), acompañados por Evo Morales de Bolivia, se terminó en una revisión de las normas de funcionamiento de la CIDH.

El contexto continental parece abonar esa preocupación.

El 26 de marzo el secretario de Estado de EE.UU. Mike Pompeo anunció una reducción de las contribuciones de su país a la Organización de Estados Americanos (OEA), dentro del marco de la cual se encuentra el SIDH.

Dijo que fue "a la luz de la reciente evidencia de acciones de promoción del aborto de un órgano de la OEA". Pompeo dijo además que la OEA debía enfocarse en las crisis en Cuba, Nicaragua y Venezuela, "no en promover la causa proaborto".

Solo tres de los cinco candidatos reúnen las condiciones necesarias

Es en este contexto que se va a definir la elección de los candidatos propuestos por los Estados para comisionados de la CIDH, en Medellín, Colombia, en la última jornada de la 49ª Asamblea General de la OEA, que tendrá lugar entre el 26 y el 28 de junio próximos.

Hay cinco candidatos propuestos por Perú, Panamá, Colombia, Jamaica y Guatemala para ocupar cuatro puestos. Las candidaturas no están exentas de polémica y alimentan, en algunos casos, la idea de que los Estados que firmaron la declaración quieren limitar el poder del SIDH.

El de Colombia, Everth Bustamante, exsenador del partido de gobierno Centro Democrático, es considerado por expertos como alguien que no reúne las condiciones para el puesto. Lo mismo piensan acerca del candidato de Guatemala, Edgar Stuardo Ralón.

El Panel Independiente de Expertos para la evaluación de candidatos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo: "ninguno de los dos demuestra que reúne, a juicio de este Panel (...) dos condiciones fundamentales para integrar la CIDH, es decir: reconocida versación en derechos humanos e independencia e imparcialidad".

Argentina había propuesto al abogado Alfredo Vitolo, pero retiró su postulación. Vitolo había sido cuestionado por organizaciones de DD.HH. por su posición contraria a la legalización del aborto y favorable a los indultos a militares que participaron de la última dictadura en ese país. También fue retirada la candidatura del expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé.

"No hay una concepción unívoca de los DD.HH."

Cuando embajadores ante la OEA hicieron recientemente preguntas a los candidatos a comisionados de la CIDH, sonaron ecos de las palabras que Álvaro Paúl le dijo a France 24 en Español.

Hernán Salinas, embajador de Chile, insistió en querer conocer su visión sobre la doctrina del margen de apreciación.

Y el de Colombia, Alejandro Ordóñez, reconocido en su país por tener posiciones ultraconservadoras, insistió sobre ese punto al tomar la palabra, haciendo especial referencia al Tribunal Europeo de DD.HH. como posible modelo para el SIDH en ese sentido.

Y señaló: "No hay una concepción unívoca de los DDHH". Para él, entonces, se debe tener cuidado con un supuesto "riesgo de politización" al interior del SIDH.

La decisión que tomen los miembros de la OEA en Medellín puede terminar dando más o menos entidad a la declaración firmada y gestada en Santiago y, tal vez, cambiar el alcance y la capacidad de intervenir para proteger los DD.HH. del SIDH.

Pero hay algo más: en la Asamblea General se votará también el presupuesto del sistema. Si los Estados deciden mayoritariamente seguir el camino trazado por Estados Unidos, esto también terminaría debilitando a la CIDH y la Corte.

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