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Estado de sitio en Guatemala: una medida 'desproporcionada', dice defensor de DD.HH.

El presidente de Guatemala Jimmy Morales el 4 de septiembre.
El presidente de Guatemala Jimmy Morales el 4 de septiembre. Reuters

Tras una emboscada en la que murieron tres militares, el presidente Jimmy Morales decretó el estado de sitio en más de 22 municipios de seis departamentos del país. El director de la ONG CALDH teme una ola represiva en estas zonas de alta conflictividad social. La medida aún debe ser aprobada por el Congreso.

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Tres militares asesinados, dos desaparecidos y tres heridos. Es el balance de una emboscada que tuvo lugar el martes en el poblado de El Estor, departamento de Izabal, al noroeste de la capital guatemalteca, mientras una unidad militar investigaba el aterrizaje de un avión en una pista clandestina. De momento, las circunstancias exactas del enfrentamiento no son del todo claras.

El presidente Morales asegura que los narcotraficantes protegen pistas clandestinas con la colaboración de supuestos defensores de los derechos humanos y "pseudocampesinos".

Aunque la escaramuza ocurrió en el departamento de Izabal, el mandatario firmó un decreto que instaura el estado de sitio en 22 municipios de seis departamentos por 30 días. En los departamentos de Izabal, Petén, El Progreso, Zacapa, Alta Verapaz y Baja Verapaz, los derechos constitucionales como la libre circulación, el derecho a reunirse y a manifestar quedan restringidos. "Se ha perdido por completo la seguridad y la gobernabilidad en dichas zonas", justificó el mandatario.

"El hecho de poner estado de sitio en todo el departamento Izabal y en municipios de otros departamentos es totalmente desproporcionado a lo que sucedió en el área", estima en cambio Juan Francisco Soto, director del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos, el CALDH.

Soto confirma que la región de El Estor es "una zona donde existe presencia del narcotráfico, una zona donde la presencia del Estado es mínima. Y es una región donde existe una alta conflictividad social por la instalación de diferentes proyectos mineros donde hay grandes extensiones de tierra con palma africana y en donde las comunidades han estado ejerciendo su derecho de defensa de la tierra y el territorio".

En entrevista con RFI por teléfono, Soto denuncia "la criminalización de varios líderes sociales que están ejerciendo ese derecho de defensa de la tierra y el territorio", y espera "que no se dé una ola represiva en contra de las comunidades o los líderes comunitarios".

La organización CALDH rechaza la decisión del ejecutivo y del legislativo y exige el esclarecimiento de los hechos por el Ministerio Público.

La instauración del estado de sitio en varias regiones de Guatemala ocurre tres días después de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Naciones Unidas en Guatemala (CICIG) haya concluido su mandato en el país. "La institucionalidad y los DD.HH. están muy debilitados en el país", lamenta Juan Francisco Soto.  

Sobre el mismo tema: Sin la CICIG, Guatemala se expone al regreso de la impunidad

Vea también: Entrevista con el ex comisionado de la CICIG Iván Velásquez.

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