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Honduras

Se descarta un juicio político a Hernández a corto plazo, opina analista hondureño

El presidente hondureño Juan Orlando Hernández, el 25 de septiembre de 2019 en la sede de la ONU, Nueva York.
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández, el 25 de septiembre de 2019 en la sede de la ONU, Nueva York. REUTERS/Carlo Allegri

Este miércoles, un fiscal de Nueva York aseguró en una corte federal que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, recibió millones de dólares en sobornos de narcotraficantes, incluido del capo mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán. Hernández calificó como "100% falsa, absurda y ridícula" esta afirmación.

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Aconteció en el primer día de juicio del hermano del presidente hondureño, el exdiputado Juan Antonio "Tony" Hernández Alvarado, acusado de negociar con narcos de siete países para traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos desde 2004 y durante más de una década.

"El acusado era protegido por el actual presidente que ha recibido millones de dólares en coimas de narcotraficantes como el Chapo Guzmán, que personalmente entregó un millón de dólares al acusado para su hermano", afirmó el fiscal Jason Richman al jurado al arrancar el proceso.

"Acusación puntual muy grave"

La acusación asegura que el dinero de la droga financió campañas de varios candidatos del Partido Nacional, incluidas las del expresidente Porfirio Lobo y las de Hernández, electo en 2013 y reelecto en cuestionados comicios en 2017. Este último habría recibido al menos 1,5 millones de dólares del narcotráfico para su primera campaña, y unos 40.000 dólares para la segunda.

Para Raúl Pineda, abogado penalista y profesor en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) entrevistado por Andreina Flores, si bien en Latinoamérica es común que políticos reciban dinero del crimen organizado, "la novedad en este caso es que hay una acusación puntual muy grave. Se afirma que el ‘Chapo’ Guzmán, que todo el mundo conoce en Honduras y que controlaba el trasiego y la comercialización de la droga, entregó dinero al diputado Hernández para favorecer la campaña de su hermano. Ese nuevo componente da un giro peligroso para la imagen y la estabilidad del gobierno de Hernández".

Una investigación descartada de momento

"La alegación en sí es 100% falsa, absurda y ridícula... esto es menos serio que Alicia en el País de las Maravillas", escribió Hernández en Twitter, desmintiendo incluso que el fiscal Richman lo hubiera señalado.

En un comunicado posterior, el gobierno insistió "de manera contundente" en que el fiscal "en ningún momento manifestó que el presidente Juan Orlando Hernández recibió dinero por parte del narcotraficante Joaquín Guzmán". Añadió que fue una "desinformación irresponsable publicada sin ninguna evidencia esta tarde por algunos medios de comunicación".

El analista Raúl Pineda explica a RFI que "el pueblo mira la figura de Hernández con temor, y estas últimas informaciones derivadas del juicio han generado sorpresa y expectativas. Pero nosotros orbitamos alrededor de la política de Estados Unidos, y en ese sentido la ciudadanía más bien espera que un factor exógeno pueda derivar en una modificación de la estructura del poder en el país, puesto que el presidente Hernández controla el Tribunal Supremo, la Fiscalía –que es la única que podría presentar una acusación–, las Fuerzas Armadas, y tiene una amplia mayoría en el Congreso".

Un control que por ahora no permite que se le instruya un juicio político o que la Fiscalía presente un requerimiento fiscal: "Es tanto el control que lo que naturalmente pasaría en otro país, en nuestro país no va a suceder en muy corto plazo", concluye Pineda.

Hernández, quien ha sido declarado por el gobierno de Estados Unidos un aliado en la lucha contra el narcotráfico, ha enfrentado intermitentes olas de protesta desde que asumió por supuestos vínculos con la corrupción y el narcotráfico.

El mandatario se reunió la semana pasada en Washington con el presidente estadounidense Donald Trump, de quien recibió elogios tras la firma de un acuerdo de cooperación entre ambos países para frenar las corrientes migratorias.

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