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DERECHOS HUMANOS

Chile: 'Contra las mujeres y las personas LGBTIQ existe una violencia específica'

Una manifestante herida es detenida por las fuerzas de seguridad, el 4 de noviembre de 2019 en Santiago de Chile.
Una manifestante herida es detenida por las fuerzas de seguridad, el 4 de noviembre de 2019 en Santiago de Chile. REUTERS/Henry Romero

El estado de emergencia fue levantado hace más de una semana en Chile, pero la preocupación por las violaciones de los derechos humanos sigue muy fuerte. Sobre las violencias ejercidas contra las mujeres y la comunidad LGBTIQ, RFI entrevistó a Bárbara Sepúlveda, la directora de Asociación de Abogadas Feministas de Chile (ABOFEM).

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Entrevista realizada por Melissa Barra.

RFI: En el contexto actual, ¿cuál es el papel de ABOFEM, Asociación de Abogadas Feministas de Chile?

Bárbara Sepúlveda: Consiste en primer lugar en informar a la ciudadanía de sus derechos. En Chile existía una suerte de incertidumbre porque no había un toque de queda ni un estado de emergencia por manifestaciones sociales de los cuales la ciudadanía tuviese recuerdo. Y por lo tanto había muchas dudas respecto a qué derechos se podían restringir, qué derechos se suspendían… Entonces hay una labor importante para informar y educar a la ciudadanía respecto del valor y respeto de sus derechos fundamentales en este contexto particular.

En segundo lugar, hicimos y seguimos haciendo un acompañamiento a las personas que han sido detenidas de forma ilegal en las protestas, o las personas que han sido detenidas también en el contexto del toque de queda o del estado de emergencia, y ahora fuera del estado de emergencia también.

En estos casos hemos estado yendo a comisarías, a los cuarteles de la PDI [Policía de Investigaciones de Chile], donde sea que estén detenidas estas personas, ya sean mayores o menores de edad. Y en el caso de las mujeres que han sido víctimas de tortura o violencia sexual, de niños y niñas adolescentes, y de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ, hemos hecho además una asesoría directa y hemos estado tramitando sus causas para interponer las querellas criminales y las extrajudiciales que correspondan.

RFI: Justamente, ¿qué tan expuestas están las mujeres y los miembros de la comunidad LGBTIQ durante las protestas?

Bárbara Sepúlveda: Bueno lamentablemente contra las mujeres y las personas LGBTIQ existe una violencia bastante específica. Lo peor es que es una violencia que además está muy invisibilizada, incluso con otras organizaciones sociales u organizaciones de derechos humanos cuando hacen su reporte respecto a esta violencia, así como en los medios de comunicación, la violencia sexual no aparece. Existe una mayor exposición y una mayor vulnerabilidad especialmente cuando esto no se ve y no parece un castigo social específico a esta violencia. Vemos que está ocultada, que el gobierno no lo reconoce, que la ministra de la Mujer no se refiere a eso, entonces existe un ambiente que es propicio, creo, para que se produzca una mayor violencia, ya que parece que estas personas, los agentes del Estado, la realizan en total impunidad.

RFI: El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile ha presentado 100 acciones judiciales de las cuales una veintena por violencia sexual. ¿Cómo se presentan estos casos?

Bárbara Sepúlveda: El caso es que si bien existen aproximadamente 20 querellas por violencia sexual, es importante resaltar que no se trata de 20 mujeres sino que se trata de 20 querellas que agrupan a una cantidad de mujeres, y que las víctimas que ellas representan son aproximadamente 40. Nosotras como asociación hemos recibido alrededor de 58 denuncias por víctimas sobre vejaciones, desnudez forzada, torturas, malos tratos, violencia, golpes, y de esas 58 hemos asumido la representación de 35. De esas 35, diez son menores de edad.

RFI: ¿Y en esos casos qué testimonios han dado de las condiciones de detención y de las condiciones de agresión por parte de miembros de las fuerzas del Estado?

Bárbara Sepúlveda: Bueno la violencia sexual y política que hemos constatado se refiere principalmente a desnudez forzada, a pesar de que tanto los estándares internacionales como los protocolos internos prohíben la desnudez forzada. Las mujeres no pueden ser desnudas ni en las comisarías ni en cuarteles policiales. Pero también hemos recibido denuncias de violaciones, agresiones sexuales, abuso sexual, amenazas de violación. Estas mujeres además cuando son obligadas a desnudarse, las fuerzan a ponerse en cuclillas, hacer sentadillas de forma repetida durante largos periodos de tiempo, incluso con mujeres que se encuentran con la menstruación, a pesar de que ellas lo señalan. Las obligan a abrir sus piernas, a mostrar sus genitales, incluso algunos agentes del Estado en esas condiciones tocan sus pechos, su cuerpo, o incluso sus genitales y en este caso configurando además el delito de abuso sexual.

Estas formas de tortura son específicamente dirigidas a mujeres. Nosotras sostenemos que son formas de castigos que buscan disciplinar y castigar a las mujeres que salen a luchar, que desafían el rol que tienen dentro de la sociedad patriarcal. Y además específicamente con las mujeres lesbianas hay una violencia que consiste no sólo en todas las cosas que acabo de mencionar, sino también en obligarlas a dormir con hombres por ejemplo, cuando en los calabozos tienen que estar separadas las mujeres de los hombres, y a ellas las ponen en los calabozos de los hombres, se refieren a ellas en términos masculinos, las humillan y se burlan específicamente de cómo se ven, de la ropa que utilizan, de su corte de cabellos, de su tono de voz, etcétera. Entonces existen estos casos de ataques lesbofóbicos. Nosotras tenemos hoy en día cinco casos que vamos a llevar a los tribunales junto a todos los demás.

RFI: Y más allá de los tribunales nacionales, ¿qué espera que resulte del trabajo que están llevando a cabo los investigadores del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos?

Bárbara Sepúlveda: Esperamos que por supuesto exista un informe respecto a la violencia en Chile. Informamos a la ACNUR, a la CEPAL, a Amnistía Internacional, y ahora estamos esperando todos, el pueblo de chile, la sociedad civil organizada, una respuesta, una condena tajante a la violencia por parte del Estado que hoy en día existe en nuestro país y que, a pesar de que ya no hay estado de emergencia, sigue ocurriendo día a día, hora tras hora. Por lo tanto es un deber ético y además institucional que estos organismos internacionales de derechos humanos se pronuncien, pero no en un pronunciamiento político aislado, sino que además se haga una investigación y haya un informe para que quede para la posteridad la información específica de todo lo que sucede en nuestro país, y que la comunidad internacional se entere de lo que Chile le está haciendo a su pueblo.

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