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Colombia

La justicia colombiana investiga una fosa común en el noroeste del país

Exhumaciones en el cementerio de Las Mercedes (Antioquia), el 9 de diciembre, en el marco de la búsqueda de víctimas del ejército colombiano.
Exhumaciones en el cementerio de Las Mercedes (Antioquia), el 9 de diciembre, en el marco de la búsqueda de víctimas del ejército colombiano. Jurisdicción Especial para la paz

Un grupo de militares colombianos confesaron a la justicia que enterraron decenas de cuerpos en un cementerio del departamento de Antioquia. Podría tratarse de la primera fosa común masiva de civiles inocentes, víctimas de una macabra estrategia del ejército que consistía en matar a inocentes para presentarles luego como guerrilleros caídos en combates.

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Por nuestra corresponsal en Colombia, Natalia Orozco

 

La justicia colombiana investiga lo que podría ser la primera fosa común masiva en Colombia, ubicada en el cementerio Las Mercedes, en Dadeiba, Departamento de Antioquia una fosa con 50 cuerpos de civiles presuntamente asesinados por el ejército colombiano.

 

Cabe recordar que, de confirmarse, estos crímenes engrosarían el expediente de lo que en Colombia se conoce como “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales de al menos 2.248 civiles inocentes en las últimas décadas.

Un militar, que decidió colaborar con la Justicia Especial para la paz, es decir la JEP, tribunal creado como consecuencia del acuerdo firmado por el expresidente Santos con la extinta guerrilla de las Farc, fue quien condujo a los investigadores hasta la fosa.

El militar, con minuciosos y escabrosos detalles reveló, que los restos de más de 50 personas ahí enterradas fueron presentados legítimamente como bajas en combate a coroneles y generales. La JEP reveló que ya han sido exhumados más de 15 cadáveres completos entre los que se encuentran menores de edad y personas en situación de discapacidad.

Defensores de derechos humanos y analistas políticos recuerdas que los “falsos positivos” es decir civiles que hicieron pasar por insurgentes son sobretodo consecuencia de la directriz dada al interior del ejército durante el gobierno del Expresidente y hoy senador Uribe, según la cual, cada soldado que presentara un guerrillero muerto recibiría premios y bonificaciones.

El actual gobierno, que se pronunció a través del ministerio de Defensa, ratificó su compromiso para “contribuir en la construcción de la verdad” y aseguro que está dispuesto prestar la colaboración necesaria para contribuir en el establecimiento de la verdad, justicia, reparación y no repetición.

Mientras siguen apareciendo más detalles de cómo ejecutaban a los civiles, el país espera que se revele los altos mandos que dieron las ordenes y promovieron uno de los más escalofriantes crímenes masivos cometidos por un ejército en toda América latina.

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