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España

Las consecuencias de aplicar el artículo 155 en la crisis catalana

Carles Puigdemont, el 15 de octubre de 2017.
Carles Puigdemont, el 15 de octubre de 2017. REUTERS/Ivan Alvarado

El tan mentado artículo 155 de la Constitución española vuelve a salir a la palestra luego de que finalizase el segundo plazo que el gobierno español otorgara al presidente de la comunidad autónoma de Cataluña, Carles Puigdemont, para que aclarase si había declarado o no la independencia la región catalana. Explicaciones con Joan Botella, decano de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Barcelona.

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¿De qué trata el artículo 155?

El artículo 155 de la Constitución española tiene que ver con las vías del Gobierno del Estado para controlar la actividad de las Comunidades Autónomas. Contempla los mecanismos excepcionales que tiene el Estado para establecer dispositivos de control subsidiario, de carácter excepcional o extremo y alcance coercitivo, de tal forma que se obligue a la región al "cumplimiento forzoso" de sus deberes. El procedimiento para aplicar el 155 exige que el Gobierno envíe al Senado una propuesta con las medidas concretas que plantea imponer en Catalunya. Dicha propuesta debe ser debatida en la Comisión General de Comunidades Autónomas. El Senado debe pedir al presidente autonómico afectado, en este caso Carles Puigdemont, las alegaciones que considere oportunas. La propuesta final deberá votarse en el pleno, donde el PP tiene mayoría absoluta.

¿Cuánto tardará en llevarse a cabo el artículo 155 y como se encuentran ambas partes del conflicto?

En la actualidad la mayor parte de los análisis políticos en el conflicto hispano-catalán se centran en un artículo constitucional que según el decano de Ciencias Políticas y Sociología de la universidad autónoma de Barcelona, Joan Botella, demuestra una ambigüedad absoluta. “El argumento que ultima el gobierno central en relación al recurso del artículo 155 es para que se cumpla el estatuto, no para suspender el estatuto de autonomía”, con lo que implicaría grandes dificultades entre los juristas a la hora de interpretar exactamente qué se puede y no se puede hacer al aplicar este mecanismo.

Hasta la fecha ningún gobierno español ha aplicado este artículo, con lo que para el politólogo catalán las consecuencias son desconocidas “A pesar de que el gobierno central haya interpretado que la respuesta de Puigdemont es insuficiente, al día de hoy no podría declarar la entrada en vigor de este articulo porque hace falta una votación mayoritaria en el Senado”. En relación a la calma con la que el gobierno español quiere enviar esta petición al senado, Botella responde que bien podría ser por cuestiones tácticas. “Se da tiempo al gobierno catalán para que recapacite sobre su posición” o por dificultades técnicas y políticas “saber cómo podrían aplicar las medidas”

Para el decano de la universidad autónoma de Barcelona el momento de espera para que se apliquen medidas puede ser catastrófico. “Vamos a pasar una semana sin saber exactamente qué pasa. Lo cual es catastrófico ya que lo que detesta la sociedad es la incerteza”, subraya.

Ambos lados en el conflicto son perdedores

Para Joan Botella las dos partes del conflicto están pendientes de la imagen internacional y en estos momentos se encuentran enrocados. “Cada una de las dos partes espera que sea la otra… La que tome una solución abrupta, con lo que se da una situación de espera porque cada uno quiere que sea el otro quien otorgue un primer gesto”, apunta. “La batalla de la opinión publica la ha ganado el gobierno de Cataluña y la batalla del apoyo inconstitucional la ganó el gobierno central con lo que estamos asistiendo no a un empate de fuerzas, sino a un empate total de debilidades”. Para el profesor barcelonés esta situación de pasividad no hace más que impacientar a la ciudadanía que mientras se mantiene a la espera sigue formulándose la pregunta que todos tienen en mente desde hace días. ¿Qué Pasara? Aún no hay respuesta para tal incógnita.

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