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España

Reunión del gobierno español para precisar intervención en Cataluña

Consejo de ministros extraordinario presidido por Mariano Rajoy sobre la crisis catalana, 21 de octubre de 2017.
Consejo de ministros extraordinario presidido por Mariano Rajoy sobre la crisis catalana, 21 de octubre de 2017. Reuters

Tras recibir el respaldo del rey Felipe y de la UE, el gobierno español estaba reunido este sábado para decidir qué poderes asumirá en Cataluña y frenar en seco las aspiraciones independentistas de las autoridades regionales.

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A las 10H00 de la mañana (08H00 GMT) comenzó en Madrid un consejo de ministros extraordinario, que en los próximos días solicitará al Senado la autorización para aplicar tales medidas.

Con ellas se pretende “restaurar el orden constitucional”, en palabras de un gobierno que pretende así poner fin a la crisis institucional más grave de la era democrática iniciada a la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

Prueba de la gravedad del momento es que la noche del viernes, el rey Felipe VI denunció “un inaceptable intento de secesión”, en la entrega de los premios Princesa de Asturias en Oviedo (norte).

En los últimos días, por otro lado, los máximos dirigentes de la UE expresaron su oposición a una independencia unilateral.

El gobierno de Mariano Rajoy lleva días negociando con los socialistas, principal fuerza opositora, la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Éste permite intervenir total o parcialmente las competencias de una región para obligarla al “cumplimiento forzoso” de la legalidad.

Previsiblemente, Madrid tomará el control de la policía regional catalana, los Mossos d'Esquadra, cuyo comandante es sospechoso de un delito de sedición por no haber impedido el referendo de autodeterminación prohibido del 1 de octubre.

El diario El País afirma incluso que el gobierno de Rajoy va a destituir a todo el ejecutivo catalán y promover elecciones regionales anticipadas, tal vez en enero.

Las últimas elecciones regionales catalanas tuvieron lugar el 27 de septiembre de 2015.

En ellas obtuvieron una mayoría de 72 escaños sobre un total de 135 los partidos separatistas, repartidos entre la actual coalición de gobierno Juntos por el Sí, y el partido anticapitalista CUP, que brinda a estos un apoyo esencial en la cámara.

Las medidas que se tomen este sábado serán sometidas a final de mes a la aprobación del Senado, donde los conservadores del Partido Popular (PP) tienen mayoría.

La suspensión de competencias, no obstante, es una jugada de consecuencias imprevisibles en una Cataluña celosa de su autogobierno, que tiene a su cargo la gestión de importantes servicios como Sanidad y Educación y cuenta con una policía propia.

El presidente catalán Carles Puigdemont amenazó esta semana con que si se aplica el artículo 155, el Parlamento regional podría proclamar unilateralmente la independencia, amparándose en el referendo prohibido del 1 de octubre, que los separatistas dicen haber ganado.

La población catalana está profundamente dividida sobre la independencia, pero todos son conscientes de la movilización popular que provocará la suspensión de competencias de la región.

Este sábado a las 17H00 (15H00 GMT) está convocada en el centro de Barcelona una manifestación para reclamar la puesta en libertad de los líderes de Omnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, encarcelados preventivamente esta semana como sospechosos de sedición.

La manifestación ocupará un tramo de cuatro calles del Paseo de Gracia, una de las arterias barcelonesas.

En el marco de las “acciones directas” para protestar por el encarcelamiento, muchos catalanes fueron el viernes a retirar dinero como gesto de protesta contra el gobierno español y los bancos que trasladaron fuera de la región su sede social, como CaixaBank y Sabadell.

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