Saltar al contenido principal
España

Acaba proceso judicial contra los 12 independentistas catalanes

Pancartas con las caras de los líderes catalanes en una manifestación pro independencia, en Madrid, el 16 de marzo de 2019.
Pancartas con las caras de los líderes catalanes en una manifestación pro independencia, en Madrid, el 16 de marzo de 2019. REUTERS/Juan Medina

El juicio llega a su fin con los últimos alegatos de las defensas y la presentación de los acusados. El Tribunal Supremo de España emitirá fallo en otoño.

Anuncios

Desde hace cuatro meses, España concentra la atención de Europa y del mundo. El proceso de juicio a los 12 independentistas catalanes juzgados por el intento de secesión de Cataluña en 2017 llega a su fin este miércoles con las últimas alegaciones de los abogados de la defensa y las últimas declaraciones de los acusados. Alegaciones y testimonios que serán analizados por el Tribunal Supremo de España que deberá emitir una sentencia en otoño.

Durante la presentación de este miércoles, Olga Arderiu, abogada de Carme Forcadell, expresidenta del Parlamento, acusó a la Fiscalía de "exagerar” la situación de su representada durante el proceso. A esta declaración se sumó la de Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, quien defendió el alegato de un ejercicio de derechos de reunión y manifestación. "Una gran parte de la ciudadanía catalana salió a la calle para protestar, y lo hizo sin violencia. Criminalizar la movilización popular es un grave error", afirmó y negó que su cliente motivara un "intento de impedir la actuación judicial".

Estas alegaciones se suman a las de este martes, donde Andreu Van den Eynde, Javier Melero y Jordi Pina, abogados de los acusados Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez, entre otros, reconocieron la desobediencia, pero negaron que hubiera violencia en Cataluña durante los acontecimientos de 2017.

Los letrados, al defender la figura jurídica de la “desobediencia” buscan que los acusados no pueden ser castigados con penas de cárcel, al no ser esto considerado un delito en España. De ganar la defensa con este argumento los acusados deberán pagar una multa y serán inhabilitados durante tres años a ejercer cargos públicos.

De igual modo, el equipo de abogados en su informe final discrepó con la Fiscalía que elevó los hechos ocurridos a "golpe de Estado". Además, negaron rotundamente que sus clientes cometieran sedición y malversación de fondos.

La tensión y la lucha de argumentos ha sido una constante durante todo el proceso. Prueba de ello fueron las declaraciones ante el tribunal del abogado Van den Eynde, quien defiende al ex vicepresidente regional catalán Oriol Junqueras. "Ése es el discurso de la acusación: sesgo y exageración, y eso les quita credibilidad", enfatizó Eynde quien busca librar a su cliente de 25 años de prisión por los delitos de rebelión y malversación.

De los 12 líderes acusados, Junqueras enfrenta la mayor pena de cárcel y es centro del foco mediático. Un rol que no ha pedido, sino que se lo ha ganado debido a la ausencia del entonces presidente catalán Carles Puigdemont, principal propulsor del separatismo, quien se encuentra auto exiliado en Bélgica.

A pesar de encontrarse en prisión, Oriol Junqueras ha conseguido ser elegido diputado español y europeo.

Las imputaciones

Durante todo este tiempo que ha durado el proceso, la Fiscalía acusa a los 12 implicados de llevar a cabo "una estrategia (...) perfectamente planificada" con el objetivo de quebrar el orden constitucional y obtener la independencia de Cataluña por medios ilegales.

Un acto que se vio materializado con la organización el 1 de octubre de 2017 del referendo de autodeterminación -pese a su prohibición por la justicia por inconstitucional- y a la declaración unilateral de independencia del Parlamento catalán el 27 de ese mes. La Fiscalía calificó este intento separatista de "golpe de Estado", y la considera constitutiva de un delito de rebelión. Dicho cargo pesa sobre nueve de los separatistas juzgados, que llevan más de un año en prisión preventiva.

Según el Código Penal español se considera reos de rebelión a "los que se alzaren violenta y públicamente" con, entre otros objetivos, "declarar la independencia de una parte del territorio nacional".

Y es este supuesto “uso de violencia” que se ha convertido en todo un tema de debate entre la Fiscalía y el grupo de abogados defensores. La Fiscalía apoyada en testimonios de las fuerzas del orden afirma rotundamente que sí hubo violencia. La parte defensora, por su parte, sostiene que aquello no existió y que por el contrario las mismas fuerzas policiales usaron la violencia para impedir manifestaciones pacíficas.

Luego del juicio

Son varios los escenarios que se barajan luego del juicio. Si los 12 acusados son declarados culpables por la Fiscalía, estos podrán apelar ante el Tribunal Constitucional. Si la apelación fracasa, les queda la opción de presentarse ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Francia.

Otra opción, deslizada en septiembre del año pasado por la representante del gobierno central español en Cataluña, Teresa Cunillera, apunta a que el primer ministro, Pedro Sánchez, pueda hacer uso del indulto contra los declarados culpables. Sin embargo, los partidos de oposición han prometido oponerse de todas las formas posibles a un perdón político.

De igual modo, aún queda abierta la posibilidad de que inicie otro juicio, y esta vez contra Puigdemont, siempre y cuando las autoridades españolas decidan reactivar el pedido de extradición. Un capítulo en la historia de España que no tiene vistos de terminar.

Con AFP

Página no encontrada

El contenido que solicitó no existe o ya no está disponible.