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París

París vuelve a controlar el precio de los alquileres, una medida controvertida

El barrio Saint-Germain-des-Près, en París.
El barrio Saint-Germain-des-Près, en París. Flickr/FredRomero

A partir de este lunes, París vuelve a experimentar la congelación del precio de los alquileres, tras la suspensión de la medida en 2017. Un regreso que no es del gusto de los propietarios ni de los profesionales del sector inmobiliario.

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Para vivir en París, se necesita mucha paciencia, dinero y ganas de luchar. Encontrar un apartamento en la capital francesa es para algunos un verdadero desafío y supone decenas de llamadas, largas colas a la espera de una visita colectiva, y la preparación de un expediente que debe demostrar que uno es el inquilino soñado. Cuando por fin un propietario pronuncia el ansiado "sí", la mitad del sueldo se desvanece en el alquiler.

Con el objetivo de remediar a la fuerte demanda ante la escasez de viviendas, y su consiguiente aumento continuo de los alquileres, el gobierno de François Hollande había intentado controlar los precios. Así, la ley Alur, en 2014, fue aplicada durante dos años en París, suspendida en 2017 tras una decisión judicial, y renació de sus cenizas en 2018 bajo el nombre de ley Elan.

Sanciones a los propietarios

La medida sólo se aplica a los nuevos contratos de arrendamiento (que afectan a unas 80.000 personas cada año en París, de una población de 2,2 millones) y las futuras renovaciones de contrato. En la capital francesa, el aumento del alquiler no podrá superar ahora el 20% con respecto a un "precio de referencia". Sin embargo, un propietario puede aplicar un "suplemento de alquiler" para una vivienda excepcional, como una casa.

En todo caso, la Alcaldía de París se felicita del regreso de la medida: espera que favorecerá un aumento del poder adquisitivo de las familias, y la vuelta de las clases medias a la capital. Según cifras oficiales, París pierde 12.000 habitantes al año.

"Lo que cambia con la nueva ley Elan, es la posibilidad de sancionar a los propietarios que no cumplan con las normas de alquiler", dice Geneviève Prandi, directora del Observatorio de Alquileres. Primero se les da un aviso formal, con un plazo de dos meses para cumplir con la ley, y si no lo hacen, reciben una multa administrativa de 5.000 euros para una persona física o de 15.000 euros para una persona jurídica. Además, el prefecto regional puede pedir al propietario que devuelva el pago excesivo al inquilino.

Límites y riesgos

Por ahora, la medida sólo concierne a París, pero a largo plazo, las 28 aglomeraciones con más de 50.000 habitantes en "zona tensa" (con insuficiente oferta de viviendas) podrían adherir al plan. Pero su aplicación es compleja: las ciudades deben demostrar que la situación es realmente complicada, lo cual requiere varios procedimientos. Lille, por ejemplo, espera poder lanzarlo a finales de año.

Según Didier Vanoni, director de la oficina de diseño Fors y colaborador del informe de la Fundación Abbé Pierre sobre las viviendas precarias, entrevistado por la revista Capital, las posibilidades de atraer o retener a los más pobres parecen escasas, puesto que "los niveles de alquiler ya son tales en París que, incluso controlándolos, no permitirán el acceso a estas viviendas".

"El objetivo de la medida es loable", es decir, "hacer la vivienda accesible a todos", subraya por su parte Thomas Lefebvre, director científico de MeilleursAgents.com, pero "relanza el dispositivo cuando no se abordaron todos los puntos defectuosos del primer experimento". Entre ellos, la definición de un mismo alquiler de referencia para sectores muy diferentes dentro de una misma zona: por ejemplo, en el barrio de Clignancourt (distrito 18), el mecanismo establece un alquiler de referencia para toda la zona, desde el Sacré-Cœur, invadido por los turistas, hasta el Boulevard Ney, más popular.

Jean-Marc Torrollion, presidente de la Federación Nacional de la Propiedad Inmobiliaria (Fnaim), entrevistado por el diario Le Parisien, estima además que "al confiscar los ingresos de aquellos que han decidido invertir sus ahorros en propiedades de alquiler, nos arriesgamos a enviarles una señal contraria: alquilen su apartamento en Airbnb...". Para él, el tema podría volverse “una declaración de intención política, con vistas a las elecciones municipales” de 2020.

experimento durará cinco años. Al final de este período, propone Ian Brossat, adjunto de Vivienda de la Alcaldía de París, se podría preguntar a los parisinos, "por referendo por ejemplo", cuál es su opinión.

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