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Francia

El gobierno finalmente autoriza una manifestación contra la reforma laboral

Conferencia de  prensa de Philippe Martinez (CGT) y de Jean-Claude Mailly (FO), el 22 de junio de 2016 en Montreuil.
Conferencia de prensa de Philippe Martinez (CGT) y de Jean-Claude Mailly (FO), el 22 de junio de 2016 en Montreuil. REUTERS/Baz Ratner

Luego de prohibir una marcha convocada para este jueves por los sindicatos, las autoridades francesas y los gremios alcanzaron un acuerdo para realizar un desfile acotado.

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El gobierno francés autorizó finalmente una manifestación contra la reforma laboral prevista el jueves en París que en un primer momento había prohibido alegando razones de seguridad, indicaron el miércoles los sindicatos.

La marcha tendrá lugar "en un recorrido propuesto por el ministerio del Interior" de 1,6 kilómetros en la zona de la plaza de la Bastilla, indicó en una rueda de prensa Philippe Martinez, el líder del sindicato CGT.

La Prefectura de París aseguraba no haber tenido “otra opción” teniendo en cuenta las dificultades para garantizar la seguridad tras los desmanes ocurridos en concentraciones anteriores y el estado de cansancio de los policías, muy solicitados en el marco del “estado de emergencia” por la amenaza terrorista.

Hasta último momento, el gobierno había intentado que lo sindicatos aceptaran una manifestación estática, lo que era rechazado por los gremios.

“Desde 1958 que no se prohibía una manifestación a una confederación intersindical (...) Si es así, Francia se uniría a un pelotón de ciertos países que no pueden ser calificados de democracia”, había reaccionado Jean-Claude Mailly, secretario general del gremio Force Ouvrière.

Para el gobierno socialista, la prohibición de manifestar a lo que se presume constituye buena parte de su electorado representaba un costo político alto a un año de las elecciones, en momentos en que la popularidad del presidente François Hollande está por los suelos.

Mientras, todo el arco político había la prohibición del gobierno. El líder de Les Républicains y ex presidente Nicolas Sarkozy juzgó en su momento que la decisión “no es razonable”. En la extrema derecha, Marine Le Pen escribió en Twitter que el gobierno incurría en un “grave atentado para la democracia”. Pero las críticas también llegaron al propio partido en el poder, donde el líder de los disidentes socialistas Christian Paul, estimó que el gobierno incurría en “una falta histórica”.
 

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