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Francia vota una polémica ley contra los mensajes de odio en internet

La principal medida del texto señala que las plataformas y los motores de búsqueda deberán eliminar los contenidos "manifiestamente" ilícitos en un plazo de 24 horas, a falta de lo cual se les impondrá una multa de hasta 1,25 millones de euros.
La principal medida del texto señala que las plataformas y los motores de búsqueda deberán eliminar los contenidos "manifiestamente" ilícitos en un plazo de 24 horas, a falta de lo cual se les impondrá una multa de hasta 1,25 millones de euros. REUTERS/Dado Ruvic

Los diputados franceses deben aprobar este martes texto que obliga a las redes sociales y motores de búsqueda a retirar en menos de 24 horas contenidos de incitación al odio, con multas de hasta 1,25 millones de euros. La iniciativa es cuestionada por quienes ven una privatización de la censura y un posible ataque a la libertad de expresión.

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El texto, inspirado de una ley alemana adoptada en 2018, fue presentado por Laetitia Avia, una diputada negra del partido del presidente, Emmanuel Macron, que afirma recibir regularmente mensajes racistas y amenazas de muerte en las redes sociales.

"No deberíamos tolerar en internet lo que no toleramos en la calle", afirma. "Hay una toma de conciencia en nuestra sociedad en general. Ya nadie quiere aceptar el statu quo o la autorregulación de las grandes plataformas. La autorregulación no funciona", enfatizó.

Con esta premisa, los diputados franceses se disponen a votar este martes la ley contra el odio, basándose en el modelo alemán.

La principal medida del texto señala que las plataformas y los motores de búsqueda deberán eliminar los contenidos "manifiestamente" ilícitos en un plazo de 24 horas, a falta de lo cual se les impondrá una multa de hasta 1,25 millones de euros.

La ley busca penalizar un amplio espectro de mensajes que puedan contener incitación al odio, discriminación racial, religiosa u homofóbica, así como la apología de la violencia, el terrorismo, el acoso en línea, el proxenetismo y la pedofilia.

Otro de los puntos de la ley prevé que para facilitar las alertas a los usuarios, las plataformas deberán establecer un sistema de notificación "directamente accesible" y "uniforme" basado en el contenido del litigio. Desde una red social hasta un motor de búsqueda, este botón debe ser fácilmente reconocible.

La ley impulsada por el oficialismo cuenta con el apoyo de los partidos opositores Los Republicanos (conservadores) y el Partido Socialista (centro-izquierda). Sin embargo desde la izquierda radical, cuestionan lo que consideran una “privatización” de la censura.

La Francia Insumisa (izquierda radical) estima que “con el pretexto de responsabilizar a las plataformas”, el proyecto de ley “renuncia a la responsabilidad del Estado”.

El Partido Comunista Francés denuncia por su parte, en particular en el caso de Facebook, “la pretensión de que una estructura privada pretenda comportarse como un Estado”.

En este sentido, la Liga de Derechos Humanos subraya que “el juez debe estar en el corazón del procedimiento, tanto de la calificación de los contenidos como de la decisión de retirarlos o bloquearlos”.

Desde la extrema derecha también critican esta transferencia del control de contendidos y se dicen preocupados por la libertad de expresión.

“Algunos operadores privados, para evitar las multas previstas en los textos, podrían querer censurar o mostrar un celo excesivo en lo que se refiere a la libertad de expresión. Podría instrumentalizar o dejarse instrumentalizarse por grupos de influencia, por lobbies”, asegura el diputado Sébastien Chenu, portavoz de Agrupación Nacional (ex Frente Nacional).

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