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La nueva ley antiterrorista de Egipto, arma de doble filo

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El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi con mandos militares.
El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi con mandos militares. REUTERS/The Egyptian Presidency/Handout

Asediado por el avance de los terroristas del grupo Estado Islámico, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi reforzó el pasado sábado su arsenal antiterrorista mediante una ley de excepción. Esta ley tiene como objetivo oficial limitar las acciones terroristas, pero periodistas y ONG denuncian una ley mordaza. 

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La nueva ley antiterrorista egipcia llevaba algún tiempo esperando en los cajones. Los ataques perpetrados por la rama egipcia del grupo Estado Islámico, que tienen por blanco el Ejército, la policía del Sinaí y los intereses extranjeros en el territorio, le dieron el impulso al presidente Abdel Fattah al-Sisi para aprobar una ley antiterrorista por decreto.

La ley establece la pena de muerte para los condenados por crear, liderar o financiar grupos terroristas. Los culpables de promover el terrorismo son condenados a prisión. En el contexto regional, era de esperarse que una ley de esta índole entrara en vigor tarde o temprano, según Carlos Echeverría, profesor de Relaciones Internacionales especializado en terrorismo. Además, Egipto tiene un largo historial con el terrorismo: “Ha sido el pionero en cuanto a la expansión territorial del Estado Islámico, fue la primera provincia que se declaró. El caso es que en la península del Sinaí, ya desde años atrás, la combinación del fenómeno terrorista, con las fronteras con la Franja de Gaza e Israel, con la existencia de tráficos ilícitos, con el problema histórico del enfrentamiento entre tribus de la región y las autoridades del Cairo, no ha hecho sino agravar una situación que en estos últimos tiempos se ha hecho aún más intratable de lo que lo era históricamente”, explica el especialista.

Los Hermanos Musulmanes, el blanco del poder

Si bien el grupo Estado Islámico es el enemigo número 1 de Egipto, la “guerra contra el terrorismo” se dirige por lo esencial contra los Hermanos Musulmanes. Desde la caída del régimen de Hosni Mubarak en 2011, los Hermanos Musulmanes han ganado todas las elecciones. Pero en 2013, Al-Sisi, entonces jefe del Ejército, derrocó al presidente islamista Mursi y líder de la organización. Desde entonces, los Hermanos Musulmanes son constantemente perseguidos y reprimidos.

La represión generaliza podría reforzarse con esta ley antiterrorista, puesto que en la línea de mira del poder egipcio se encuentran periodistas locales e internacionales, así como ONG que denuncian los constantes atropellos a la libertad de expresión.

La nueva normativa establece una multa muy alta por difundir informaciones que se consideren falsas sobre los ataques o los operativos contra los combatientes islamistas. El dispositivo apunta también a las redes sociales en las que las voces disidentes son muy activas. Olatz Cacho, portavoz de Amnistía Internacional, considera que “han ampliado y han desdibujado la definición de lo que es un acto terrorista. (…) Son definiciones tan bajas por lo que supone de facto criminalizar el ejercicio legítimo de los Derechos Humanos, incluida la libertad de expresión”.

Todo deja pensar que la condición de los periodistas en el país no va a mejorar. Hoy en día, al menos 18 periodistas están encarcelados en Egipto: una cifra récord desde 1990, fecha en la que comenzaron a registrarse los abusos contra la profesión.

Entrevistados: Carlos Echeverría, profesor de Relaciones Internacionales especializado en terrorismo, y Olatz Cacho, portavoz de Amnistía Internacional.
 

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