La condena a Montano ‘abre el camino’ para juzgar a otros criminales de guerra

Basándose en el principio de la justicia universal, la Audiencia Nacional española condenó a Montano el viernes pasado a 133 años y cuatro meses de cárcel por el asesinato de cinco jesuitas españoles durante la guerra civil del país centroamericano. Los religiosos españoles  fueron asesinados en el campus de la universidad el 16 de noviembre de 1989 junto a otras tres personas.

En medio de una ofensiva guerrillera sobre la capital, San Salvador, efectivos de un batallón militar mataron al rector de la Universidad Ignacio Ellacuría, al vicerrector Ignacio Martín-Baró, a Segundo Montes, Juan Ramón Moreno y Amando López. También asesinaron al jesuita salvadoreño Joaquín López, a la cocinera de la residencia, Elba Ramos y a su hija de 16 años, Celina Ramos.

Un crimen entre los muchos que cometió Tandona, el grupo de militares del  Coronel Montano, y que funcionaba como una maquinaria criminal  y encubría atentados contra los salvadoreños 

Para Saúl Baños director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), en fallo basado en el principio de la Justicia universal abrió el camino para que se juzgue en el Salvador a los militares: “Se ha hecho justicia en España, pero en el banquillo de los acusados deberían haber estado otros autores materiales e intelectuales. Definitivamente es un avance pero también es un llamado, un claro mensaje para las autoridades salvadoreñas para que vean que sí se puede juzgar a criminales del conflicto armado, para que esos crímenes no sigan impunes”, dice Baños.

En El Salvador los militares que fueron juzgados recobraron la libertad gracias a la ley de amnistía de 1993. En abril de 2018, un juzgado de San Salvador ordenó la reapertura de un proceso penal para investigar a los autores intelectuales de la masacre, pero ha habido pocos avances según Baños. “Acá sigue imperando la impunidad. La ley de amnistía se derogó en 2016 pero no ha habido avances. “El camino está abierto y ojalá haya la voluntad para que sea posible seguir adelante. Los obstáculos que no permitían como era la ley de amnistía desaparecieron y efectivamente hay que hacerlo”, dice el abogado de los familiares de las víctimas. La guerra  civil, dejó más de 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos en el salvador.