Argentina

El caso Ferreyra, una muerte que tendrá un costo político

Un manifestante sujeta una pancarta de Ferreyra asesinado el miércoles pasado, Buenos Aires 21 de octubre de 2010.
Un manifestante sujeta una pancarta de Ferreyra asesinado el miércoles pasado, Buenos Aires 21 de octubre de 2010. ©Reuters

El asesinato de un activista de izquierda ha puesto de relieve los métodos violentos del sindicalismo peronista, aliado tradicional del oficialismo. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha pedido un rápido esclarecimiento del crimen, pero las críticas al “modelo sindical” abarcan al gobierno. Ya se ha detenido al jefe del grupo que asesinó a Ferreyra, Pablo Díaz, dirigente del gremio ferroviario.

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Por el corresponsal de RFI en Buenos Aires

El asesinato del joven militante Mariano Ferreyra revela una faz oscura, pero no desconocida, del sindicalismo argentino. Ferreyra fue baleado el 20 de octubre, al finalizar una manifestación en la que trabajadores que cumplen tareas en una línea de ferrocarril pero son empleados por empresas subcontratistas reclamaban su integración a la concesionaria. Cuando los manifestantes se desconcentraban, fueron atacados a balazos por un grupo armado que pudo actuar impunemente, con la aparente complicidad de la policía. Hubo dos otras víctimas: una mujer herida de gravedad y un hombre que fue dado de alta a las pocas horas de su internación. De acuerdo a los testigos, los atacantes eran hombres vinculados a la Unión Ferroviaria, el sindicato peronista oficial, cuyos dirigentes son sospechados de tener intereses en las mencionadas subcontratistas.

La utilización de la violencia por los gremios (sindicatos) afiliados a la CGT (Confederación General del Trabajo), la poderosa central obrera peronista, es un fenómeno recurrente en la Argentina. Formadas por gremialistas o por “barra bravas” (grupos que hacen reinar el terror en los estadios de fútbol) contratados, las “patotas” sindicales sirven para intimidar a disidentes y militantes de izquierda o dirimir diferencias entre dirigentes. Así funciona la llamada “burocracia sindical”, en parte por razones políticas (la defensa del peronismo, considerado la expresión natural del movimiento obrero nacional), pero también, y fundamentalmente, por motivos económicos: los gremios administran las obras sociales de sus afiliados con aportes obligatorios de los mismos.

Con la muerte de Ferreyra, se han multiplicado las críticas a este tipo de sindicalismo, rechazado por amplios sectores de la opinión argentina. Pero las críticas se dirigen también a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ha reforzado en los últimos meses, en la perspectiva de las elecciones de octubre del 2011, la alianza tradicional entre los gremios y el oficialista Partido Justicialista (peronista). De hecho, la CGT se ha convertido en la principal fuerza de apoyo al gobierno, como quedó demostrado el 15 de octubre, cuando la mandataria participó como invitada de honor en un masivo acto convocado por el líder de la central obrera y dirigente del sindicato de camioneros Hugo Moyano.

En un primer momento, el oficialismo intentó vincular al ex presidente Eduardo Duhalde (también peronista pero hoy opositor) con el crimen, el cual formaría parte de un supuesto complot destinado a debilitar al gobierno, sin que nada permita acreditar dicha hipótesis. Luego, Cristina Fernández reclamó el pronto esclarecimiento del caso y tomó distancia públicamente con la violencia de origen gremial. Pero el oficialismo no tiene alternativa a su alianza con la CGT y no hará nada para modificar el “modelo sindical” imperante. Con lo cual tendrá que pagar un costo político por la muerte de Ferreyra, que podría ser alto si la investigación judicial determinara responsabilidades de dirigentes gremiales.

Dramáticos antecedentes

La muerte de Mariano Ferreyra tuvo antecedentes dramáticos en la Argentina en crisis de principios de siglo. En diciembre del 2001, la represión policial que dejó un saldo de varios muertos en Plaza de Mayo precipitó la caída del presidente radical Fernando de la Rúa. En junio del 2002, el asesinato de dos activistas por las fuerzas de seguridad obligó a Eduardo Duhalde a adelantar las elecciones. En la Argentina de hoy, con una economía en fuerte crecimiento e instituciones que funcionan, semejantes terremotos políticos no forman parte de los escenarios previsibles. Los trágicos acontecimientos del 20 de octubre acarrearán sin duda dificultades para el gobierno, pero la gobernabilidad no está amenazada.

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