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Polémica ley de seguridad

Hong Kong: cadena perpetua para ‘terroristas’ y juicios a puerta cerrada

Marcha contra la nueva Ley de seguridad en Hong Kong, 1 de julio de 2020.
Marcha contra la nueva Ley de seguridad en Hong Kong, 1 de julio de 2020. DALE DE LA REY / AFP
Texto por: RFI
2 min

Coincidiendo con el 23 aniversario de la devolución de la excolonia británica a China, las autoridades desplegaron un importante dispositivo de seguridad en las calles de Hong Kong unas horas después de que entrara en vigor la nueva ley de seguridad nacional. El polémico texto, según los opositores, marca el final del régimen autónomo de este territorio. La ley tipifica más crímenes, prevé más control, juicios desde Pekín y endurecimiento de las penas.

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Menos de 24 horas después de promulgada la ley, ya hay un primer detenido. Se trata de un ciudadano que este miércoles desplegó una bandera a favor de la independencia de Hong Kong. 

La ley establece la creación de una agencia para la seguridad nacional, presidida por Carrie Lam, jefa del ejecutivo y también por un consejero nombrado desde Pekín. Esta agencia no depende de la ‘Ley Fundamental’, que es la constitución de Hong Kong, sino directamente del gobierno chino

El texto marca claramente el final de la justicia autónoma de Hong Kong y contempla juicios a puerta cerrada. Para los crímenes contra la seguridad nacional se prevén penas de como mínimo 10 años y pueden ir hasta la cadena perpetua.

La nueva ley se reserva el derecho de que los juicios sean celebrados en Pekín y establece cuatro tipos de crímenes contra la seguridad del Estado: actividades subversivas, secesión, terrorismo y colusión con las fuerzas extranjeras con el objetivo de poner en peligro la seguridad nacional. 

En este punto, el gobierno chino ha acusado en varias ocasiones a los occidentales de apoyar las manifestaciones. Por ejemplo, a partir de ahora si miembros de la oposición van a Washington podrán ser acusados de crimen de conspiración con un régimen extranjero.

Mas allá del giro en el sistema judicial, la ley también prevé mayor control de las ONGs y periodistas extranjeros con la presencia de una policía secreta para velar por el cumplimiento de la ley. 

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