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El decreto español de la estiba cumple la sentencia europea, según Bruselas

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Bruselas (AFP)

La Comisión Europea indicó este viernes que el decreto aprobado la víspera por el Parlamento español para liberalizar la contratación de estibadores "cumple" con la sentencia de la justicia europea que contestaba el anterior sistema, indicó un portavoz de la Comisión Europea.

"Con base en la información transmitida por las autoridades españolas, la reforma aborda las restricciones a la libertad de establecimiento de los operadores portuarios que detectó el Tribunal de Justicia de la UE en 2014", apuntó el portavoz comunitario Enrico Brivio.

En su sentencia de 2014, el alto tribunal estimaba contrario a esa libertad el sistema de contrataciones por el cual las empresas españolas o extranjeras que requerían de trabajadores portuarios debían pasar por sociedades que les obligaban a reclutar prioritariamente entre los 6.000 estibadores que ellos empleaban.

Ante el incumplimiento de la sentencia por parte del Gobierno español, que fracasó en marzo en un primer intento de reforma, la Comisión Europea decidió llevar en julio de 2016 el caso de nuevo ante el TJUE para que constatara este hecho y poder así establecer la correspondiente multa.

En virtud de la petición del Ejecutivo comunitario, los magistrados podrían imponer una multa de casi 24,5 millones de euros a España por el tiempo transcurrido entre la primera sentencia, de diciembre de 2014, y la aprobación el jueves del decreto.

El portavoz comunitario indicó que Bruselas informará al TJUE sobre que España "cumple con la sentencia", si bien señaló que corresponderá a la justicia europea tomar la decisión.

El nuevo texto aprobado por el Parlamento español hace facultativo el recurrir a las sociedades, mientras que empresas y sindicatos tendrán que negociar en cada puerto las condiciones de trabajo.

Para los contratos que no pasen por estas sociedades, las condiciones de trabajo serán negociadas según la escala de cada empresa, tal y como quedó establecido como regla general en la reforma de trabajo acometida por el Gobierno del Partido Popular de 2012.

Los principales sindicatos de los puertos, que deseaban que la contratación prioritaria continuara garantizada por ley, amenazan con una huelga desde el 24 de mayo. A partir de esa fecha, los huelguistas trabajarán un día de cada dos y en horas alternas.

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