Criticada durante la crisis catalana, la justicia española se defiende

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Madrid (AFP)

La justicia española, que emitió una orden de detención contra el presidente catalán destituido, Carles Puigdemont, y puso a buena parte de su gobierno en prisión provisional, se ha visto sumida en un debate sobre su independencia del poder político.

Puigdemont, quien se marchó a Bélgica alegando "politización" de la justicia española, está investigado, al igual que su Ejecutivo cesado, por rebelión -un delito que podría acarrearles hasta 25 años de cárcel- sedición y malversación de fondos.

Sin embargo, aquellos jueces que han criticado aspectos de la respuesta judicial al pulso independentista catalán rechazan las denuncias de que el sistema carece de independencia.

"La clase política se dedica a jugar con la justicia en función de sus intereses: 'Si me gusta la resolución, digo que son independientes. Si no, hay politización'", lamenta Manuel Ruiz de Lara, portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, integrada por cerca de 2.000 jueces, fiscales, notarios y abogados.

- "Presos políticos" -

Los defensores de la secesión denuncian "represión" y la existencia de "presos políticos" desde que fueron enviados a prisión provisional los líderes de dos influyentes organizaciones independentistas, imputados de sedición.

La semana pasada, la misma jueza, Carmen Lamela, encarceló provisionalmente a ocho de los consejeros catalanes cesados y envió a Bélgica una orden de captura contra Puigdemont y otros cuatro consejeros.

La magistrada justificó la prisión provisional alegando riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, pero su decisión enfureció a los independentistas.

"La justicia española ha sido puesta al servicio de la agenda política del gobierno", aseveró Puigdemont en el diario británico The Guardian.

No obstante, una gran parte de jueces y expertos lo niegan. "Los jueces son independientes, otra cosa es que a veces no sean razonables, no sean sensatos", estima Xavier Arbos, profesor de Derecho en la Universidad de Barcelona.

El cargo más polémico contra las autoridades catalanas es el de rebelión, que castiga a quienes "se alzaren violenta y públicamente".

El exfiscal general de Cataluña José María Mena lo considera "desproporcionado", ya que a su juicio, el proceso independentista ha sido pacífico.

Pero el fiscal general del estado, José Manuel Maza, argumenta que los independentistas intimidaron y se resistieron a las fuerzas policiales, lo que constituiría una forma de violencia.

Para Mena, eso es convertir "la presión social propia de una manifestación en cualquier país democrático [...] en rebelión". Maza "Ha pensado que si da una muestra de severidad muy alta, va a decrecer el independentismo, esto es un cálculo extrajurídico", agrega.

- Percepción negativa -

Más allá de la crisis catalana, la justicia en España sufre desde hace tiempo de una mala imagen.

En los indicadores de justicia de la Unión Europea de 2017, España se ubicó en el antepenúltimo puesto de los 28 Estados miembro en cuanto a percepción pública de la independencia de la justicia, solo por delante de Bulgaria y Eslovaquia.

"Me duele mucho como juez español", admite Celso Rodríguez Padrón, juez en Madrid y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura.

"Le puedo garantizar que [...] a un político le juzgan exactamente con los mismos criterios que a cualquier persona", asevera.

Así como ahora fueron encarcelados independentistas catalanes, antes otros jueces tomaron la misma medida contra antiguos miembros del gobernante Partido Popular, del presidente Mariano Rajoy.

Rodríguez dice que la percepción negativa puede provenir del hecho de que desde 1985 los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -un poderoso órgano que designa a los magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de tribunales autonómicos- son elegidos por el parlamento.

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial lucha desde hace diez años por que el consejo sea elegido por los propios magistrados.

Así se evitaría cualquier "posibilidad de influencia a la hora de nombrar a un magistrado del Supremo o un presidente de un Tribunal Superior", agrega Ruiz de Lara.

La misma situación ocurre en el Tribunal Constitucional, que ha emitido resolución tras resolución contra el pulso independentista: sus jueces son nombrados por el rey, después de haber sido propuestos por el Congreso de los Diputados, el gobierno y el CGPJ.