Las filipinas pobres, víctimas de la fallida política de planificación familiar

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Manila (AFP)

A sus 33 años, Myrna cría a seis niños en la Aldea del Paraíso, que pese a su bonito nombre no deja de ser una empobrecida barriada del norte de Manila. Su caso ilustra los fallos en serie de la planificación familiar en Filipinas.

Ya tenía cuatro niños en diciembre de 2012 cuando se aprobó una ley para el control de la natalidad.

Pero la entrada en vigor del texto se estancó y el centro de planificación familiar cercano a su casa se quedó sin píldoras anticonceptivas, por lo que tuvo otros dos bebés.

"No quiero más hijos. Que vayan todos a la escuela supone un esfuerzo. Uno más y no tendré tiempo para mí", explica a la AFP esta exvendedora.

La familia Albos vive del jornal de 500 pesos (9,5 dólares, 8 euros) del padre, fontanero. Viven en la barriada de chabolas de la Aldea del Paraíso junto a millones de personas y su choza, de suelo sin pavimentar, está detrás de un apestoso alcantarillado descubierto.

En principio, la ley establecía que la píldora y otros implantes anticonceptivos fueran gratuitos para los más pobres, con el fin de proteger a las mujeres de la mortalidad en los partos y de los riesgos sanitarios derivados del embarazo.

El texto fue aplaudido como una gran victoria de los derechos de los pobres frente a la poderosa Iglesia católica y sus aliados conservadores del Congreso filipino.

Alrededor del 80% de los 103 millones de filipinos son católicos, en un país en el que el aborto y el divorcio siguen siendo ilegales, a causa de la gran influencia de la Iglesia.

Pese a que el archipiélago tiene uno de los mayores crecimientos demográficos del mundo, la tasa de fecundidad se ralentizó en 2015, con 2,33 hijos por mujer, frente a seis en los años 1970, según la ONU.

Pero la tasa de mortalidad materna sigue siendo alta.

- "Tigre de papel" -

Sin embargo, la adopción de la ley no fue más que el comienzo de una larga batalla. Recurrida ante la justicia, el texto no empezó a aplicarse hasta abril de 2014.

El Tribunal Supremo consideró que era constitucional pero anuló las multas previstas para los responsables y trabajadores sanitarios que se nieguen a dar anticonceptivos. Además, la oposición logró que se redujera enormemente la financiación.

"No hemos despegado. Estamos en la pista desde hace cinco años", explica a la AFP el secretario de Estado para la Salud, Gerardo Bayugo. Sin las multas previstas, esta ley "es un tigre de papel", afirma.

Y la falta de fondos implica que los poderes públicos no puedan comprar suficientes anticonceptivos.

Como sus predecesores, el presidente, Rodrigo Duterte, en el poder desde 2016, intentó hacer más accesibles los métodos anticonceptivos. Pero el camino está lleno de obstáculos.

En 2015, activistas contrarios a la anticoncepción apelaron al Tribunal Supremo, con el apoyo de la Iglesia, para que prohibiera las píldoras, implantes, dispositivos intrauterinos y anticonceptivos inyectables porque eran abortivos y, por lo tanto, inconstitucionales.

El Tribunal Supremo ordenó la suspensión de su distribución hasta que la Agencia Filipina de Productos Alimentarios y Medicamentos (FDA) emitiera un fallo.

Acaba de hacerlo, decretando que los anticonceptivos no son abortivos y que el gobierno podía distribuirlos gratuitamente.

- Problemas de financiación -

La disputa no implicaba los preservativos, pero solo el 2% de los filipinos los utiliza, por razones culturales y de precio, según el ministerio de Salud.

Tras la decisión de la FDA, el gobierno empezó a distribuir 500.000 implantes con hormonas para impedir la ovulación.

Pero esto no será, ni mucho menos, suficiente, advierte Bayugo.

Según el ministerio de Salud, seis millones de parejas que necesitan anticonceptivos no tienen el acceso adecuado a ellos.

Y mientras que el presupuesto de 2017 solo alcanzará para cubrir las necesidades de dos millones de esas parejas, según el secretario de Estado, el que ha solicitado el ministerio de Salud para el año próximo equivale únicamente a un tercio de lo que en realidad se necesitaría para aplicar la ley.

Por su parte, varias ONG tratan de suplir las carencias del gobierno.

Cuando todavía estaba prohibida la distribución de implantes por el gobierno, Myrna Albos llamó a la puerta de Likhaan, una asociación financiada con fondos extranjeros. Tras el nacimiento de su sexto hijo este año, finalmente obtuvo un implante.

Un tipo de atención del que se benefician unas 150.000 personas no cubiertas por los servicios sanitarios, indicó la directora de Likhaan, Junice Melgar.