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En España, el exjuez peruano rechaza su extradición afirmando temer por su vida

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Madrid (AFP)

Señalado como el cabecilla de una mafia en el poder judicial peruano, el exjuez peruano de la Corte Suprema César Hinostroza se opuso este miércoles a su extradición ante una corte española alegando que huyó de su país temiendo por su vida.

"Me he opuesto a la extradición", señaló Hinostroza durante la vista en la Audiencia Nacional, jurisdicción en Madrid a cargo de las extradiciones, que debe decidir en las próximas semanas si procede la entrega del exmagistrado a la justicia peruana.

"Temía por mi vida, había recibido amenazas de muerte y además como podía ir yo a prisión (...) donde compartiría celda con peligrosas personas que yo he condenado en 35 años de magistrado", dijo sobre su huida Hinostroza, de traje gris, camisa blanca y corbata de rayas rojas y blancas.

Luego de la vista de este miércoles, la Audiencia Nacional debe decidir si aprueba su extradición, una decisión que puede ser recurrida, y luego el gobierno español debe dar su visto bueno. Todo el proceso puede durar varios meses.

Fugado de su país el 7 de octubre del año pasado y detenido doce días más tarde en Madrid, Hinostroza denunció también irregularidades en el proceso en su contra y acusó al presidente peruano, Martín Vizcarra, de "grave intromisión" en otro poder del Estado.

El mandatario "salió a dar una declaración a todos los medios exigiendo al Congreso para que me acuse como líder de una organización criminal y me tildó de delincuente y pidió que se me establezca la máxima sanción", dijo Hinostroza.

De su lado, el fiscal Carlos García Berro, pidió a la Audiencia Nacional aprobar la extradición, asegurando que no se violaron derechos del exjuez y que la justicia española no puede caer en "un proceso inquisitorial sobre el régimen jurídico del Perú".

Destituido e inhabilitado por el Congreso tras estallar el escándalo de venta de sentencias y tráfico de influencias en el poder judicial, Hinostroza huyó de Perú cuando iba a ser procesado infringiendo una orden que le impedía salir del país.

La fiscalía peruana lo señala como el líder de "una organización criminal" con magistrados y fiscales "amigos", quienes obtenían "prebendas y beneficios económicos" mediante el tráfico de sentencias y favores.

Al llegar a España, el exjuez de 62 años pidió asilo, una treta para ganar tiempo, según la justicia peruana.

De todas maneras, la Audiencia Nacional ya había considerado anteriormente que la solicitud de asilo no era causa "para la denegación de la extradición".

La fuga del exjuez le costó el cargo al ministro peruano del Interior y a los jefes de la policía y del servicio de Migraciones.

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