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España

El ‘pin parental’, el veto a la enseñanza sexual que defiende la ultraderecha española

Santiago Abascal en un mitin en Toledo, España, el 11 de abril de 2019.
Santiago Abascal en un mitin en Toledo, España, el 11 de abril de 2019. REUTERS/Sergio Perez
6 min

El partido Vox impulsa una herramienta que permite a los padres eximir a sus hijos de ciertas asignaturas que considera como adoctrinamiento, empezando por la educación sexual. Con el llamado `pin parental´, la extrema derecha está intentando sobre todo rentabilizar el apoyo que presta al conservador Partido Popular (PP), para que éste pueda gobernar en algunas Comunidades Autónomas y numerosos municipios españoles.

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Por el corresponsal de RFI en Madrid

La enseñanza escolar infantil se ha convertido en el último caballo de batalla de la derecha ibérica que considera que la coalición de gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la izquierda alternativa de Unidas Podemos (UP), está adoctrinando a los menores con la impartición en los colegios de talleres y materias sobre diversidad LGTBI, identidad de género y feminismo.

Con el beneplácito del PP, la ultraderecha busca impulsar en algunas comunidades como Murcia el pin parental a fin de garantizar la libertad de los padres en la orientación de sus hijos, por lo que exige a los centros de estudio una autorización expresa de los progenitores para que los pequeños puedan realizar aquellas actividades complementarias que, según Vox, son utilizadas en las aulas con fines inapropiados.

El polémico pin permitiría a los escolares con padres inconformes quedar exentos de las enseñanzas complementarias que sus progenitores consideran lesivas, a pesar de que estas materias son curriculares, obligatorias, evaluables y forman parte del horario lectivo.

"Lo que quieren hacer implica una censura a la educación y un veto a la convivencia y a la educación integral de los hijos. Es también una intromisión en la programación de los centros que está revisada por inspectores para que encuadre en una normativa que rechaza cualquier tipo de discriminación por razón de sexo o cualquier otra condición o circunstancia", señala a RFI Estrella Sánchez, maestra y orientadora de un colegio de la comunidad de Madrid.

“Proteger a los niños”

El líder de Vox, Santiago Abascal, justifica el veto de los padres ante la necesidad de "proteger a los niños de los contenidos sexuales que se están dando de cero a seis años".

La educación en igualdad de hombres y mujeres o el respeto a las personas con distinta orientación sexual, son solo una excusa para impartir otro tipo de contenidos, según el dirigente de la extrema derecha que denuncia la instrucción de los niños con “juegos eróticos” que están más cerca de la corrupción de menores que de la educación.

Mientras comunidades como Murcia, que administra el PP y que cuentan con una fuerte presencia de la extrema derecha entre su electorado, avalan sin reservas el pin parental, otras regiones con mayoría conservadora como Andalucía o Madrid se resisten a implementar la medida a pesar que sus gobiernos dependen más del apoyo de Vox. En estas regiones, el centroderechista Ciudadanos y el derechista PP no parecen dispuestos a seguir los pasos de Vox.

El debate ha sido calificado de artificial por los expertos que cuestionan que el PP, obligado en parte por su dependencia de la ultraderecha a la hora de acceder al gobierno de muchas localidades, se aleje cada vez más del centro ideológico para defender este tipo de causas, lo que ha desatado algunas críticas a nivel interno por parte de los sectores más moderados. Especialmente después de que el líder del PP, Pablo Casado, manipulara burdamente las declaraciones del gobierno socialista para asegurar que la imposición de ciertos contenidos educativos al margen de la opinión de los padres es una práctica totalitaria, propia de regímenes como Cuba donde los hijos pertenecen a la revolución.

Una afirmación que no se corresponde con la realidad, ya que los padres participan en muchas de las decisiones de los centros educativos españoles a través de los consejos escolares, y durante todo el curso mantienen el contacto con profesores y tutores.

Huelga general

El gobierno de Pedro Sánchez ha respondido tajante a la provocación y ha concedido un mes de plazo al gobierno de Murcia para que recapacite y retire su iniciativa. De lo contrario, el Ejecutivo acudirá a los tribunales para invalidar una medida que vulnera la legislación según los socialistas. "El veto parental es un problema inventado por la ultraderecha", sentenció Sánchez en referencia a los informes que señalan que las quejas de los padres por la programación escolar son insignificantes en comunidades como Madrid.

Por su parte, el Sindicato estatal de Estudiantes (SE) ha convocado una huelga general para el 6 de marzo a fin de frenar lo que califican de ofensiva brutal de la derecha española.

"Hemos convocado la huelga porque es un ataque gravísimo, sin precedentes, a los derechos de los estudiantes, de las mujeres, de la juventud y de los inmigrantes. Es un ataque propio de los que defienden el franquismo, de esa extrema derecha de Vox que está completamente apoyada por el PP y Ciudadanos, que son el mismo bloque reaccionario", relata Marina, portavoz del SE.

"El pin parental se puede utilizar por ejemplo para prohibir una charla en un colegio sobre violencia machista, en un país que ha cerrado el año con 99 mujeres asesinadas. Vox pretende además que las aulas sean sus plataformas políticas para impartir su odio hacia el colectivo LGTBI", agrega la representante sindical.

La controversia por el pin parental no es la primera que enfrenta a la izquierda y la derecha en España a propósito de la enseñanza. Uno de los problemas de fondo sigue siendo la falta de un pacto a nivel de Estado que garantice la permanencia de los programas de educación en todos los niveles escolares, con independencia de las siglas ideológicas del gobierno de turno. La alternancia entre el PSOE y el PP en las últimas décadas ha provocado distintos planes de estudio y que, por ejemplo, se resalte o minimice la asignatura de religión según la formación política que esté en el poder.

Otro elemento distorsionador es que buena parte de las competencias educativas están cedidas a las Comunidades Autónomas, lo que dificulta las acciones del gobierno central y refuerza la capacidad de las administraciones regionales para relanzar determinadas materias o influir en los programas en función de su orientación política.

La llegada de la extrema derecha al tablero político español ha recrudecido aún más las hostilidades entre conservadores y progresistas, ya que el PP está endureciendo su discurso ante las presiones de Vox, que amaga con retirarle su apoyo en aquellas regiones y municipios en los que gobierna con su respaldo si no adopta una mayor beligerancia hacia ciertas iniciativas de la izquierda, particularmente en temas como feminismo, libertad sexual y emigración, que la ultraderecha considera que se promueven de forma errónea, no sólo en los colegios.

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