Francia aprueba su ley de moralización pública

Emmanuel Macron junto a algunos de sus ministros en el último consejo de Ministros
Emmanuel Macron junto a algunos de sus ministros en el último consejo de Ministros Reuters/Christophe Petit
Texto por: RFI
2 min

El Parlamento ratifica la ley de moralización de la vida pública antes del descanso estival. Pese a la promesa de transparencia, el propio gabinete de Macron se ha visto afectado por casos que esta ley penalizará a partir de ahora. Las medidas fueron saludadas por la rama francesa de Transparencia Internacional, que no obstante lamentó que el texto no fuera más allá

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La Asamblea Nacional francesa promulgó este miércoles un proyecto de ley sobre la moralización de la vida política, uno de los caballos de batalla del presidente Emmanuel Macron, elegido tras una campaña marcada por los escándalos como el de los empleos ficticios que afectó al candidato derechista François Fillon. La ley de “confianza en la vida pública”, como se llama finalmente la normativa, responde a una “triple ambición jurídica, ética y política”, afirmó la ministra de Justicia, Nicole Belloubet, al presentar el texto para su votación final

Este texto, aprobado por una amplia mayoría parlamentaria, incluye la supresión de la "reserva parlamentaria", una ayuda financiera que diputados y senadores distribuían hasta ahora a las comunas y asociaciones de su elección.

El Parlamento había adoptado la semana pasada los primeros textos de moralización, que prohíben los empleos a familiares o colaboradores, una cuestión que ganó fuerza durante la campaña presidencial. Ahora, los ministros, diputados o representantes locales ya no podrán contratar a un cónyuge, padres o hijos. Se enfrentan a una pena de tres años de prisión y 45.000 euros de multa y, en algunos casos, la restitución de las cantidades pagadas.

También se aprobaron un dispositivo de reembolso con justificantes para los gastos de los diputados y una pena complementaria de inelegibilidad por falta de integridad.

Las medidas fueron saludadas por la rama francesa de Transparencia Internacional, que no obstante lamentó que el texto no fuera más allá. Incluso, consideró, "supone un retroceso preocupante en lo que respecta a la definición de los conflictos de interés", que ahora excluyen los conflictos de interés en el sector público.
 

Con Agencias

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