Baja en violencia en El Salvador, la carta electoral de Bukele

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Altavista (El Salvador) (AFP)

Es de noche en la colonia Altavista, una extensa comunidad al oeste de la capital de El Salvador. La policía llega sorpresivamente a los bares y pide a los hombres que allí beben, que se coloquen contra la pared, con la manos en la cabeza.

Esta imagen de lucha contra la delincuencia y la inseguridad es el caballo de batalla del presidente Nayib Bukele, en uno de los países sin guerra más violentos del mundo.

El gobernante promete continuar con esa tarea y pide el apoyo a sus aliados en las elecciones legislativas y municipales del domingo. Algunas encuestas proyectan que Bukele tendrá el control del Parlamento.

Tras la requisa y revisión de documentos, el jefe policial les dice que pueden bajar los brazos y volver al bar.

"Estamos verificando que no tengan antecedentes penales, que mantengan su comportamiento y que puedan disfrutar tranquilamente", explicó a la AFP el director general de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, Mauricio Arriaza, quien acompañó el operativo la noche del jueves en Altavista, 20 km oeste de la capital.

Esta colonia de 140.000 habitantes es considerada históricamente una zona de fuerte presencia de pandilleros, que aterrorizan a la población con asesinatos y extorsiones a los comerciantes.

"La presencia pandillera existe en Altavista, pero no incide en que (la comunidad) se vaya a desbordar de delito", aseguró Moisés Rodríguez, jefe de la PNC en esta localidad, donde confluyen los municipios de Ilopango, Soyapango y San Martín.

- Menos crímenes -

La baja en la criminalidad, según Arriaza, se ha dado en todo el país, en ciudades y colonias acosadas por las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18 y otros grupos menores.

Las pandillas tienen unos 70.000 miembros en El Salvador, más de 17.000 de ellos encarcelados, y se dedican a la extorsión, el narcotráfico y otras actividades ilegales.

El Plan de Control Territorial, puesto en vigencia en junio de 2019, fue el punto de partida de la reducción de los índices de criminalidad en El Salvador.

"Veníamos de una tasa (anual) de 50 homicidios por 100.000 habitantes, y en 20 meses de vigencia del Plan de Control Territorial llegamos a 19 homicidios por cada 100.000", detalló Arriaza.

Precisó que en ese período el país pasó de hasta 12 homicidios diarios a 3,5 en el último año.

- Plan con dudas -

Pese a los logros celebrados por las autoridades, activistas de derechos humanos cuestionan que ha faltado transparencia con las cifras oficiales.

Para Miguel Montenegro, coordinador de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), "el nivel de crimen continúa siendo igual, sobre todo el caso de los desaparecidos, y no se está dando con transparencia esa información".

Agregó que en algunos departamentos (provincias), como La Unión, en el oriente, ha habido denuncias de detenciones ilegales, golpizas y torturas en la ejecución del plan de seguridad.

Aún así, un informe de la Fundación Salvadoreña de Estudios Económicos y Sociales (Fusades), del segundo semestre de 2020, apuntó una reducción en el número de homicidios y desaparición de personas, mientras persisten problemas de extorsión y control pandillero de algunos territorios.

Fusades expresó su preocupación por dudas planteadas por expertos y medios de prensa de que "detrás de la reducción de homicidios pueda haber pactos ilícitos" de las autoridades con las pandillas, y pidió a la fiscalía investigar tales versiones.

- Apoyo del Congreso -

Arriaza comentó que las acciones en marcha actualmente corresponden a la fase 1 del plan de seguridad, que incluye operativos policiales en carreteras y colonias.

"Sabemos que las estructuras criminales en algunos lados siguen activas, y en otros lugares han bajado la guardia", por lo que los operativos siguen en marcha, indicó el jefe policial.

Adelantó que la iniciativa prevé una segunda fase, que contempla ofrecer alternativas de recreación y empleo para los jóvenes como una forma de prevenir su entrada al mundo del crimen.

La tercera fase prevé la modernización de las fuerzas de seguridad con mejores vehículos, equipos tecnológicos, uniformes "y mejores salarios para dignificar al talento policial", indicó Arriaza.

El jefe policial se quejó de que estas últimas fases no han avanzado porque la Asamblea Legislativa (parlamento) saliente no aprobó créditos internacionales con los que se pretendían financiar.